– La propuesta consiste en convertir un crédito fiscal en una garantía.
– Más del 90% de la presión tributaria es atribuible a impuestos nacionales.
Cuando se aborda la carga tributaria que enfrenta el sector agropecuario, el enfoque suele centrarse en las retenciones y la carga de impuestos nacionales. Si bien esta realidad es concreta, representa solo una parte del complejo panorama que deben manejar los productores.
Con la mirada puesta en la discusión del Presupuesto 2027, ha comenzado a surgir una propuesta que se enfoca en un problema menos visible: la necesidad de liberar aproximadamente 770 millones de dólares que actualmente permanecen inmovilizados debido a la mecánica del IVA.
Esta iniciativa no tiene como objetivo reducir impuestos ni afectar la recaudación del Estado, sino permitir que un crédito fiscal que hoy se encuentra en estado de latencia se transforme en una garantía para acceder a financiamiento.
El tema fue uno de los principales puntos en la agenda de un encuentro organizado por una fundación que representa los intereses del agro y legisladores nacionales, donde se analizaron distintas propuestas para mejorar la competitividad del sector ante el tratamiento de lo que se ha dado en llamar la “Ley de Leyes”.
El inconveniente está relacionado con la estructura del IVA. Los productores adquieren gran parte de sus insumos, que incluyen semillas, fertilizantes, agroquímicos y maquinaria, abonando una alícuota del 21%. Sin embargo, al vender granos, la alícuota correspondiente es del 10,5%.
Es este desfase el que provoca que, campaña tras campaña, generen un saldo de crédito fiscal que supera al débil fiscal. A esta situación se añaden otras características propias de la actividad, como la estacionalidad y la necesidad de invertir en capital de trabajo, que acentúan aún más esta acumulación de saldos.
De acuerdo con un análisis realizado por una organización del sector, el saldo promedio por hectárea asciende a 36.500 pesos, y en el caso de la agricultura extensiva, representa cerca de 770 millones de dólares estancados al cierre de la campaña 2025/26, lo que equivale al 7% de todo el gasto en la siembra y desarrollo de cultivos.
Dicho de otra manera, son recursos que, si bien pertenecen a los productores, permanecen inmovilizados por las reglas del impuesto.
El debate que se ha comenzado a plantear en relación con el Presupuesto 2027 no se refiere a una reducción de la carga tributaria, sino a la posibilidad de darle utilidad a ese crédito fiscal.
Se propuso que el saldo acumulado pueda transformarse en un bono o certificado que el productor use como garantía para acceder a préstamos, evitando que esos recursos permanezcan inactivos hasta su eventual devolución por parte del Estado.
Mariano Ghirardotti, socio de una consultora, considera que esta medida facilitaría el acceso al crédito sin perjudicar los ingresos fiscales. “En principio, el Estado no resigna recaudación, solo habilita que un pasivo que tiene con el contribuyente se convierta en garantía para facilitar el acceso a crédito”, comentó.
Según este tributarista, el mecanismo permitiría a muchos productores acceder a financiamiento que actualmente no tienen o conseguir mejores condiciones. “La ventaja es que esos saldos técnicos son, en la práctica, préstamos al fisco a tasa cero. De este modo, al menos podrían servir para recuperar capital de trabajo, sin solucionar el problema de fondo, que es que el Estado se financia con dinero ajeno y sin remunerar al acreedor”, agregó.
Marcelo Rodríguez, otro consultor, coincidió en que el enfoque no implica una pérdida de recursos para el Estado porque “la recaudación ya se generó”. Sin embargo, advirtió que la mayor complicación radica en la implementación. “Que funcione como una especie de garantía me parece una idea acertada, y sería óptimo que el Estado finalmente devuelva esos recursos al productor, ya que la inmovilización de capital es significativa. Pero si el productor incumple, podría ejecutarse esa garantía, y el Estado tendría que hacerse cargo de ese crédito con dinero que ya recaudó y que probablemente ya ha utilizado. Por eso, veo poco probable que el Ministerio de Economía lo acepte”, afirmó.
Para ambos especialistas, el debate ya no se centra en la creación de un nuevo beneficio fiscal, sino en definir si ese crédito tributario puede transformarse en una herramienta de financiamiento eficiente sin trasladar nuevos riesgos al Estado.
Durante el encuentro también se analizó la estructura de la carga tributaria que soporta el agro. Según el último Índice de presión tributaria, el Estado se queda con el 62% de la renta agrícola, aunque este porcentaje varía según el tipo de cultivo: cerca del 74% en trigo, el 68% en girasol, el 62% en soja y el 60% en maíz.
Del resultado económico de una hectárea, solo un 8% queda como ganancia para el productor, mientras que cerca del 30% se destina al alquiler de la tierra.
No obstante, uno de los datos más llamativos fue la distribución de esa carga entre los diferentes niveles del Estado. Los impuestos nacionales representan el 93,6% de la presión tributaria total sobre una hectárea agrícola. De este total, el 56,5% corresponde a tributos nacionales no coparticipables y el 37,1% a impuestos nacionales coparticipables. En contraste, los impuestos provinciales aportan el 5,7% y los municipales apenas un 0,7%.
