Un hito que marcó el inicio de esta nueva fase del sistema judicial fue la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Mahiques había ocupado previamente el cargo de subsecretario de relaciones con el Poder Judicial bajo el gobierno de Macri y luego se desempeñó como fiscal general de la ciudad. Aunque ahora se presenta como un libertario, es consciente de que las cosas pueden cambiar drásticamente en el futuro. Esta capacidad de adaptación a todos los sectores es vista por él como una virtud. Solo el mes pasado, el oficialismo logró acordar con el Senado en relación a 67 pliegos, en algunos casos con apoyos de la oposición que nadie habría imaginado. Esto se traduce en un total de 129 pliegos si se consideran los meses previos. Mahiques hace hincapié en la palabra “diálogo” para referirse a lo que espera de sus futuros candidatos.
Muchos jueces y funcionarios, con la salvedad de que siempre hay excepciones, buscan ascender, obtener sueldos elevados, establecer vínculos influyentes, disfrutar de privilegios y perpetuarse el mayor tiempo posible en sus cargos. Tienen el poder necesario para lograr sus objetivos y lo exhiben. Este fenómeno es particularmente evidente en el fuero federal, donde se “investiga” a los funcionarios. Así, observamos un Poder Judicial en plena reformulación, aunque las caras siguen siendo las mismas.
El punto de inflexión en este proceso se produjo con la jura de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Sala I de la Cámara Federal, un tribunal clave en el edificio de Retiro conocido por marcar el rumbo de importantes expedientes. Bertuzzi ya formaba parte del tribunal, designado a dedo por Macri en 2018, en un procedimiento que fue posteriormente invalidado por la Corte, luego de haber encarcelado a Amado Boudou. Ahora, Bertuzzi ha logrado su blanqueo. Por su parte, Yadarola provenía de un juzgado penal económico, donde era relativamente poco conocido, aunque su nombre se hizo presente durante el famoso viaje de jueces y funcionarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.
Bertuzzi y Yadarola han experimentado un notable ascenso al ser incluidos en la terna presentada al Poder Ejecutivo, pasando de ocupar los puestos 21 y 17, respectivamente, a triunfar en la selección. Su relación con Mahiques y la intermediación de su viceministro, Santiago Viola, quien actúa como delegado del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, fueron fundamentales para conseguir dichas posiciones. Cabe resaltar que Bertuzzi había mandado a procesar a Viola en el pasado por haber armado una acusación falsa contra el juez Sebastián Casanello. Sin embargo, los tiempos cambian y los intereses también. Aunque los libertarios no consideran necesario continuar con Martín Irurzun y no quisieron extender su mandato al alcanzar la edad de jubilación en julio, han dejado una vacante en la Sala II.
Bertuzzi y Yadarola asumieron el 3 de septiembre al mediodía en un acto que congregó a todo el establishment de Comodoro Py, destacándose la participación del rabino de la AMIA, quien apareció en la foto como un juez más. En menos de 24 horas, la “nueva” Sala I dio su primera señal de lealtad hacia el poder de turno con dos fallos paradigmáticos en el caso $LIBRA y el del préstamo del Fondo Monetario. “Hay una cultura de la sumisión en los tribunales federales, que comienza en la Corte y se extiende”, advierte un experto en derecho procesal. “Ya no se oculta; más bien, los jueces se enorgullecen de fallar conforme dictan los poderes de turno, lo que los convierte en intocables.”
De este modo, la Sala I despidió a los damnificados en el caso $LIBRA, que eran los únicos impulsores de la investigación ante la carencia de un fiscal activo. El tribunal decidió adoptar la posición que pedía Novelli, el trader amigo del presidente, y hasta copió sus argumentos: el que adquiere criptomonedas asume riesgos, siguiendo la lógica del juego. Sin embargo, omite el impacto del tweet de Milei, que invitaba a comprar el token con la promesa de financiar pequeñas empresas, una promesa que finalmente no se cumplió. Aunque la causa no ha concluido, los imputados palpitan un cierre inminente. Tanto es así que el propio Novelli apareció en las redes sociales luego de un año y medio en la oscuridad, promoviendo un curso de compra-venta de activos financieros. “Tuve suerte, ¿no?”, provocó. “Un montón de suerte en las más de 200 operaciones que hice”, se jactaba. Para más tranquilidad, el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó esta semana la solicitud de los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, para ser admitidos como querellantes, a pesar de ser los denunciantes originales.
El festival de fallos de ese día continuó: la Sala I también archivó el expediente relacionado con la deuda de Macri de 57.100 millones de dólares con el FMI, en sintonía con la jueza María Eugenia Capuchetti. No se trata de un caso cualquiera: ese préstamo convirtió a Argentina en el mayor deudor histórico del organismo y resultó en un severo golpe para la economía. En su investigación, el fiscal Franco Picardi había puesto de manifiesto que los exfuncionarios eran conscientes de que se trataba de una deuda impagable, habían burlado procedimientos, elaborado un expediente administrativo posterior al acuerdo para simular una negociación inexistente, ignorando la intervención del Congreso, y emitiendo informes críticos de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General. Después de nueve años, la Cámara Federal redujo todo a una conclusión contundente: inexistencia de delito.
“La Ley 26.944 establece que los funcionarios y agentes públicos son responsables por los daños que causen al Estado cuando, en ejercicio de sus funciones, incumplan sus obligaciones legales”, recuerda la abogada Betina Stein, exdirectora del Banco Central. Pero además –apunta–, es esencial prestar atención a los nombres: “Es un dato político –comenta– que no se puede pasar por alto: fueron funcionarios del macrismo y hoy son parte del gobierno de Milei”: Federico Sturzenegger (actual Ministro de Desregulación y que fue titular del BCRA bajo Macri), Luis Caputo (exministro de Economía, exministro de Finanzas y expresidente del BCRA), Santiago Bausili (exsecretario de Finanzas y presidente del BCRA), entre otros, incluyendo al expresidente Macri. “Es evidente que están siendo protegidos, y existe una señal clara de no investigar a los funcionarios de este Gobierno”, afirma.
Estos fallos no llevan la firma de Yadarola, sino de Bertuzzi y Mariano Llorens, quien tenía conexiones con el fútbol en la quinta de Los Abrojos de Macri. Yadarola solicitó una licencia al asumir. Existen dos teorías al respecto: una sugiere que sus colegas ya habían tomado decisiones antes de su llegada, y prefirieron ayudarlo a no exponerse tan pronto; la otra sostiene que sus compañeros querían mostrar un gesto decididamente expeditivo y el nuevo integrante no había tenido tiempo para estudiar tantos casos.
El “pacto de impunidad” parece consolidarse con la nueva composición judicial. Pasado el fin de semana, la reciente Sala I sorprendió el lunes último al liberar al ministro que promueve sacar los dólares del colchón, al cerrar una causa vinculada a negocios en paraísos fiscales, un terreno propicio para la evasión. El fiscal Carlos Rívolo había solicitado tres veces su indagatoria, acusándolo de no haber declarado la sociedad Princess International Group, controlante de Noctua Partners. Según la fiscalía, a través de otra empresa relacionada, LC Advisors, Caputo había facturado a Noctua por servicios mientras ocupaba su cargo en el macrismo, entre marzo de 2016 y abril de 2017. Con su asesoramiento, la sociedad adquirió medio millón de dólares en bonos del Tesoro Nacional emitidos en abril de 2016, que el propio Caputo negociaba con los holdouts. El juez Julián Ercolini nunca accedió a indagarlo. Según el dúo Bertuzzi-Llorens, no se demostró que el ministro hubiera buscado un beneficio personal ni que fuera el propietario de una offshore vinculada a su hermano.
“Estamos ante una nueva fase de un pacto de impunidad relacionado con la designación de estos jueces a cambio de cerrar causas que blindan políticamente al Gobierno en delitos clave, como las negociaciones incompatibles”, advierte Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Este experto en anticorrupción destaca que la causa contra Caputo evidencia un modelo de “investigación deficiente” que no aborda “la verdadera dimensión financiera” de los casos. “Estamos ante un caso de ingeniería societaria, no de una simple omisión en la declaración jurada”, señala. “No se examinó la hipótesis de lavado ni se reconoció que las leyes de sinceramiento fiscal y de reestructuración de deuda, en las que participó Caputo, eran indicios de ocultamiento, en lugar de ser consideradas como un signo de transparencia, como entendió la Cámara”, concluye.
Biscay asegura que esta es una sentencia típica destinada a establecer precedentes que podrían influir en otros expedientes: “No sería sorprendente que la manera en que se desestiman las negociaciones incompatibles para Caputo resurja en el caso $LIBRA.” Propone como alternativa la intervención de la Cámara de Casación, aplicando la denominada “cosa juzgada írrita” contemplada ante sentencias fraudulentas. “Estos casos podrían incluso ser revisados por el Grupo de Acción Financiera Internacional en sus rondas de evaluación mutua, ya que muestran que el sistema de justicia no investiga la conexión entre corrupción y lavado”, añade.
En términos simbólicos, es relevante observar otros fallos de la semana: la anulación en la Sala II de la Cámara de los allanamientos a un exsocio del diputado Martín Menem, Sergio Aguirre, que estaba contratado por Osprera, la obra social intervenida de los peones rurales. Además, se cerró una causa por enriquecimiento ilícito contra el embajador Fernando Iglesias. Asimismo, termina una denuncia de Marcela Pagano contra Milei por un decreto que prorrogó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York en préstamos con organismos multilaterales. Por otro lado, se determinó que es competente el juez Julián Ercolini para investigar la represión en el Congreso durante la discusión sobre la extranjerización de la tierra.
Con respecto al espionaje, la Sala I también confirmó el cierre de una de las investigaciones sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri: junto a él, fue sobreseída la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, en una denuncia presentada por la exinterventora Cristina Caamaño, que aseguraba la recopilación sistemática de correos electrónicos de políticos de diversas ideologías, periodistas e incluso miembros de las fuerzas de seguridad. Caamaño enfatiza un aspecto crucial: realizó doce denuncias sobre prácticas de espionaje en distintas jurisdicciones, “y cuando llegaron a Comodoro Py, ninguna prosperó”. “No importa lo que haga Mauricio Macri; en el fuero federal nunca lo molestarán. Él controla eso. Los jueces juegan para el poder real, no para el poder popular”, sostiene.
En un artículo titulado “Justicia realpolitik”, Paula Litvachky, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, señala que el “encadenamiento de sobreseimientos” en estos casos está creando una jurisprudencia que dificulta la posibilidad de condenar prácticas estatales de inteligencia política que están prohibidas. Con la aceptación de la “realpolitik”, continúa Litvachky, se instala la noción de que no es prudente o viable enfrentarse a ese sector del Poder Judicial que actualmente se ha consolidado en el ámbito político y económico. Cuestiona la total complicidad con este estado de cosas, donde un sistema judicial abandona su función de protección de derechos. Binder advierte que son “prácticas que a la larga pueden volverse en contra”. “Esta manipulación espuria de jueces serviles, a la larga, es un mal negocio para quienes no forman parte de los poderes fácticos tradicionales”, concluye.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia también tomó parte en esta dinámica: anuló el sobreseimiento del exlíder de la UOCRA, Juan Pablo “Pata Medina”, procesado por asociación ilícita, extorsión y lavado de activos. Este fallo no implica solo una decisión contra un sindicalista; la Cámara Federal de Casación Penal había anulado previamente la causa por considerarla viciada por espionaje ilegal y por el armado de acusaciones a través de una conocida “Gestapo antisindical” integrada por funcionarios, empresarios y espías. A la luz de estos movimientos, parece que la Corte ha legitimado ese modus operandi.
Paralelamente, el tribunal sigue sin resolver grandes cuestiones que podrían impactar negativamente en el gobierno de Milei, tales como la validez del DNU 70/2023, entre otros asuntos. Sin embargo, se tomó el tiempo necesario para lograr la prisión de la ex presidenta en un tiempo récord el año anterior.
Esta semana, la Corte también emitió un respaldo a Sturzenegger al rechazar una denuncia de la ex presidenta por defraudación a la administración pública, relacionada con pagos de contratos de dólar futuro a precios especulativos derivados de la devaluación del gobierno anterior, favoreciendo de este modo a particulares vinculados a aquel periodo (desde Mario Quintana hasta José Torello). Esto se presenta como una contracara de la causa en la que se intentó enjuiciar a ella por una política económica que, posteriormente, los “Macri boys” utilizaron en su beneficio sin haber enfrentado consecuencias penales.
Los tres actuales miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz) parecen no estar interesados en sumar nuevos colegas en este momento. Mahiques, fortalecido por los resultados obtenidos, menciona en voz baja que ya tiene a sus candidatos para las dos vacantes, pero no duda en felicitar a los juzgadores actuales en público: “La falta de miembros no indica que se emitan menos fallos; por el contrario, se generan aún más.”
