El encuentro se realizó en el Palacio Pizzurno y duró apenas unos 20 minutos. Según plantearon los representantes gremiales, la oferta fue insuficiente frente al reclamo de una recomposición salarial del 32,5%, correspondiente a la pérdida de poder adquisitivo que denuncian desde el inicio de la actual gestión.
Ante la falta de acuerdo, los sindicatos docentes anticiparon que profundizarán las medidas de fuerza y avanzan en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre.
Rechazo de los gremios a la propuesta Desde FEDUBA, su secretario general, Pablo Perazzi, cuestionó duramente el resultado de la negociación. “La paritaria fue una farsa, y no nos sorprende. El camino es profundizar el plan de lucha por el cumplimiento de la ley”, sostuvo en declaraciones a medios.
El dirigente agregó que el conflicto universitario no puede resolverse únicamente mediante la discusión salarial y vinculó el reclamo con el financiamiento de las universidades públicas. “Con esta farsa de paritaria y con el proyecto de presupuesto que se presentó ayer queda claro que la solución es política y con movilización”, advirtió
Durante la jornada también estaba prevista una reunión con los trabajadores no docentes, a partir de las 15. Luego de ese encuentro, los distintos sectores buscarán coordinar nuevas medidas de fuerza.
Nueva marcha universitaria en octubre Los gremios docentes y no docentes prevén definir un cronograma de paros y convocar a una Marcha Federal Universitaria durante la primera semana de octubre.
De concretarse, será la quinta gran movilización nacional universitaria contra la administración de Javier Milei y la segunda de este año, según indicaron desde el sector.
El reclamo incluye la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
El reclamo por el presupuesto universitario La disputa salarial se desarrolla además en medio de la discusión por el Presupuesto 2027, que contempla $7,3 billones para las universidades públicas. Según los rectores, esa cifra se encuentra por debajo de los $11 billones que consideran necesarios para afrontar salarios, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.
A esto se suma una disputa judicial en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que el Ejecutivo todavía no aplicó de manera plena los artículos 5 y 6 de la norma, pese a la existencia de una medida cautelar.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la Justicia aún no ordenó una aplicación integral de la ley y plantean que la cautelar vigente permitió realizar ajustes en becas y salarios. Además, aseguran que el incremento previsto para octubre permitirá que los ingresos superen el piso establecido por el fallo.
