El magistrado imputó a los tres por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, además de imponer un embargo de $1000 millones.
OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales, está intervenida por el Gobierno desde 2024, en el marco de un conflicto con el gremio UATRE.
La pesquisa se centra en la compañía HTECH, fundada por Aguirre en abril de 2024. De acuerdo con el caso, HTECH carecía de antecedentes, empleados y facturación previa antes de ser contratada por la obra social. La empresa cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software, acumulando un total de unos $266 millones entre noviembre de 2024 y julio de 2025.
Aguirre y Martín Menem habían cofundado en 2018 la firma TR Nutrition SRL, dedicada a la importación y ventas de suplementos dietarios.
El contrato con HTECH fue firmado por Virginia Montero, quien fue la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y amplió. Ambos estaban entre los citados a declarar en la causa. Además, María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, formaba parte de HTECH y simultáneamente se desempeñaba como secretaria privada de Petroni.
En julio, Casanello había convocado a indagatoria a los imputados y embargado bienes por 920 millones de pesos, entre los que se contaban vehículos de alta gama. Montero, en su declaración, defendió la decisión de contratar a la empresa, mientras que Aguirre desacreditó su participación en el proceso que resultó en el contrato y cuestionó la filtración de información del caso.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal anuló parte de la investigación. Los jueces invalidaron el allanamiento en la casa de Montero, el secuestro de su teléfono y las evidencias obtenidas del mismo, dejando sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa principal continúa bajo la supervisión de Casanello, con la participación del fiscal Guillermo Marijuán.
