Al caer la tarde, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de Cerimedo para que se le conceda la libertad en la causa por tentativa de femicidio. El abogado, Ernesto Giraldes, sostiene que las pruebas son falsas y fueron recolectadas por una fiscalía bajo el mando del ahora encarcelado Mariaca. Beller y su abogado, Jerjes Justiniano, afirman por el contrario que las evidencias son contundentes: Cerimedo tiene antecedentes de violencia de género, incluyendo dos agresiones a Beller en junio y julio, comunicaciones con quienes aparentemente planificaron el ataque, chats en los que le pedía a Beller que saliera al encuentro de su agresor en el Swissôtel y mensajes donde la llama traidora y menciona que hay que eliminarla.
Durante la audiencia se reafirmó la decisión de mantener a Cerimedo en prisión. Sin embargo, el consultor es, como se ha reportado, un hombre afín a la campaña MAGA (Make America Great Again) en el continente. Es evidente que la maniobra institucional impulsada desde Washington busca asegurar la liberación de su representante en Bolivia, Argentina y Brasil. Aunque hoy fracasaron en su intento, ya han anunciado nuevas acciones.
Desde la perspectiva legal, incluso si la defensa lograra que lo liberen en esta causa, Cerimedo seguiría detenido en el penal de Chonchocoro, ya que enfrenta prisión preventiva en un expediente por enriquecimiento ilícito y hay otras dos causas pendientes. El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, divulgó audios en los que Cerimedo parece negociar 15,000 dólares por “carro”, un eufemismo empleado para referirse a aviones utilizados por el narcotráfico en Bolivia.
El fiscal Mariaca, quien lideró la investigación contra Cerimedo, se encuentra encarcelado tras un asalto policial en el Ministerio Público. No hubo causa ni orden judicial alguna en Bolivia o Estados Unidos que justificara tales acciones. El gobierno de Rodrigo Paz decidió encarcelar a Mariaca, junto a tres fiscales adicionales, un juez, un exministro y otros funcionarios.
La acusación principal contra Mariaca se fundamenta en declaraciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente dijo en Estados Unidos, donde se encuentra detenido, que Mariaca le brindó protección y recibió pagos a cambio. La defensa de Cerimedo hizo público un video en el que Marset parece referirse a esta supuesta protección de manera informal. Sin embargo, no se ha presentado ningún expediente que respalde estas afirmaciones y el abogado de Marset ha indicado que no puede confirmar la autenticidad del video ni la protección de Mariaca. Además, Marset es un prisionero bastante inclinado a hacer las declaraciones que le soliciten, lo que plantea la necesidad de contar con otras evidencias más allá de la palabra de un acusado.
La misma noche del asalto a la Fiscalía General, se reportó que la policía detuvo una ambulancia que salía del complejo donde reside Mariaca y en la que se encontraron US$ 250,000. Más tarde, la cifra se redujo a US$ 80,000, pero para evitar el escándalo, la policía recién dio a conocer que hallaron una caja en la vivienda de Mariaca con US$ 300,000.
Luego del golpe, Mariaca fue reemplazado por un nuevo fiscal general, José Urioste, quien es considerado afín al gobierno de Paz y a los intereses estadounidenses. La Asamblea Plurinacional designó a Urioste de manera que se considera claramente inconstitucional, dado que no existe condena previa contra Mariaca. En la sesión del Congreso, se observaron de manera ostentosa funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú observando el proceso.
Este martes, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, reveló que la ofensiva contra Mariaca se basa en información proporcionada por Estados Unidos y afirmó que “hay que apurar esa investigación que podría derivar en la extradición de Mariaca al país del norte”.
A su vez, la situación de riesgo para Beller se ha vuelto evidente. Este martes, expuso que se divulgó una fotografía de hace años y que su vinculación con un fiscal podría sugerir que contaba con algún tipo de favoritismo.
“No van a encontrar una sola causa de narcotráfico en la que yo haya intervenido. Pretender atribuirme eso o tener relaciones con la fiscalía es una calumnia”, escribió Beller en su cuenta de Facebook. “Tengo pruebas de que, desde hace un par de días, la abogada de Cerimedo ha estado difundiendo esta narrativa desde su teléfono. Primero negó que Cerimedo fuera el padre de mi hijo, luego habló de un autoatentado, incurriendo en violencia política, psicológica y mediática, y finalmente ha intentado armar una causa en mi contra. No me van a silenciar. No me van a amedrentar. No permitiré que, habiendo sido víctima y denunciando hechos graves, ahora se intente convertir a mi en una perseguida política por no callarme”.
