Esta medida se presenta en un momento crítico para la política exterior argentina. Washington, el principal aliado internacional de Milei, cuestionó la continuidad de un organismo de la ONU que anualmente instaba a Argentina y al Reino Unido a buscar una solución negociada a la disputa por la soberanía del archipiélago. La solicitud estadounidense fue realizada el 15 de octubre.
La decisión genera dudas sobre el espacio de maniobra del Gobierno en su reclamo por Malvinas y cómo podrá equilibrar su alineamiento con Donald Trump con una política de Estado que el propio Presidente ha definido como una causa nacional. “Está bajo análisis”, comentó el vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la posibilidad de respaldar o no las intenciones de EE. UU.
Desde el Gobierno se considera que el Comité de Descolonización no ha contribuido a recuperar el archipiélago ni a avanzar en el reclamo de soberanía, aunque aún no tienen claro cómo reaccionar ante la presión de Trump. Sin embargo, la semana pasada ya habían dado un primer paso alineándose con la abstención en la votación sobre la resolución contra el colonialismo.
Fuentes cercanas a los aliados en Diputados señalaron que el oficialismo presentó dos borradores en respuesta a las demandas que se hicieron. “Pedimos que se especifique claramente que, si hundimos un buque o avión militar hostil de un país extranjero, el Congreso deba intervenir según lo establecido en la Constitución”, manifestaron los informantes.
En este contexto, más allá de la suspensión del debate, el texto final del proyecto también permanece abierto. “Se han acercado bastante, pero es insuficiente, debe quedar claro que la autorización proviene del Congreso”, indicaron.
Por el momento, el oficialismo ha accedido a incluir una comisión Bicameral para supervisar el Consejo de Seguridad, y también se considera la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente provisional del Senado sean incorporados al Consejo, dejando de lado al vicepresidente debido a los antecedentes de disputas con Victoria Villarruel.
La suspensión de la comisión se complementa con rumores sobre el alcance de la iniciativa. Voces parlamentarias sugieren que Washington podría haber expresado reparos respecto a la posibilidad de que la legislación impacte en empresas estadounidenses con intereses en la región. En una conferencia de prensa, Ravier no descartó la existencia de una petición por parte de EE. UU.: “No sé si hay un pedido o no”, respondió.
No obstante, esta posibilidad añade otra variable al debate, especialmente tras el aumento de las medidas del Gobierno contra las compañías vinculadas a la exploración petrolera en las aguas que Argentina reclama como propias.
En las últimas semanas, la administración de Milei ha tomado medidas contra el proyecto Sea Lion, respaldado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, mediante acciones judiciales y reclamos internacionales. Además, se ha apelado al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el desarrollo petrolero. La eventual influencia de intereses empresariales estadounidenses sobre el alcance de la ley aún es una incógnita.
Este episodio tiene como antecedente una decisión de Argentina que generó dudas sobre su posición frente al colonialismo. El 15 de octubre, la delegación argentina se abstuvo en una votación de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, que abordaba un proyecto impulsado por Rusia en relación con las formas contemporáneas de colonialismo.
La iniciativa obtuvo 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones. El texto incluía menciones a las sanciones económicas unilaterales y a la explotación de recursos naturales en contra de la soberanía de otros Estados, cuestiones que están relacionadas con la disputa por los hidrocarburos en Malvinas.
La decisión del Gobierno se fundamentó en el punto 2 del proyecto, que considera las medidas económicas, financieras y comerciales unilaterales como expresiones actuales de colonialismo. En el Gobierno se teme que esta definición podría ser utilizada por el Reino Unido para argumentar que las sanciones argentinas contra las petroleras que operan en Malvinas representan una práctica colonial, justo en un momento de alta tensión bilateral debido al proyecto Sea Lion. Hasta el momento, no ha habido una declaración pública del canciller Pablo Quirno o del presidente sobre el asunto.
