En un gesto hacia sus aliados provinciales, quienes la semana pasada contribuyeron a frustrar la última sesión solicitada por la oposición, el oficialismo en Diputados ha decidido acelerar el análisis de un nuevo régimen de biocombustibles que tendría una vigencia de 15 años. La Comisión de Energía y Combustibles, bajo la presidencia del libertario Facundo Correa Llano, dará inicio este martes a la discusión del proyecto, que plantea un aumento progresivo del porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol que se mezcla con los combustibles fósiles. La iniciativa ya cuenta con la media sanción del Senado. Este proyecto ha generado particular entusiasmo en Córdoba y Santa Fe, donde grandes empresas cerealeras conviven con pequeñas y medianas productoras de maíz y aceite de soja, principales insumos para la elaboración de biocombustibles. Asimismo, se espera que tenga un impacto positivo en Jujuy y Tucumán, regiones productoras de caña de azúcar, insumo esencial para la fabricación de bioetanol. Uno de los cambios más destacados es el incremento de los cortes obligatorios. Si la ley se aprueba, el porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil aumentará del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol para las naftas pasará del 12% al 15%. Ambos incrementos deberán llevarse a cabo en un plazo de 12 meses tras la sanción de la norma. En el Senado, el proyecto recibió 41 votos a favor y 25 en contra, con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), casi todos los integrantes de la UCR, Pro, Convicción Federal y bloques provinciales. El tucumano Juan Manzur fue el único miembro de la bancada justicialista que apoyó la iniciativa, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad la rechazó, argumentando que perjudica a las pequeñas y medianas empresas de su provincia. Uno de los aspectos más controvertidos es la apertura gradual del mercado del biodiésel a las grandes aceiteras. Actualmente, el corte obligatorio del 7,5% está reservado para productores independientes con una capacidad de hasta 50.000 toneladas anuales. La nueva propuesta eleva el corte al 10%, pero modifica su distribución: hasta 2028, un 6,5% permanecerá protegido para las empresas no vinculadas a grandes grupos aceiteros, mientras que el 3,5% restante se abrirá a la competencia de todos los productores. Esta participación reservada se reducirá progresivamente hasta alcanzar el 4% en 2031, un esquema que genera resistencias en las pymes del sector. El debate comenzará este martes a las 15 horas, con una reunión de la Comisión de Energía que contará con la presencia de invitados. Los impulsores del proyecto esperan lograr un dictamen favorable para la próxima semana, antes de avanzar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, los otros dos giros de la iniciativa. Los legisladores de Santa Fe y Córdoba confían en que el texto esté listo para el 18 de noviembre, durante la sesión programada para discutir el Presupuesto 2027. “Va a avanzar”, afirmó un legislador que participó en las negociaciones con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Este impulso a la iniciativa se produce poco después de que diputados de Santa Fe, Tucumán, Jujuy y parte de Córdoba ayudaran a evitar que se alcanzara el quórum en la última sesión solicitada por la oposición para cuestionar el DNU 70/2023. Entre los ausentes se encontraban los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez, los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, y la cordobesa Alejandra Torres, todos miembros de Provincias Unidas. También optaron por no participar en la sesión los tres tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo: Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera. Estas ausencias han exacerbado las tensiones internas en Provincias Unidas, donde ocho de sus 18 miembros decidieron no presentarse en el recinto, alineándose con la estrategia del Gobierno. Este número coincide con la cantidad de diputados que le faltaron a la oposición para alcanzar el quórum necesario, que era de 129. Se espera una discusión acalorada en el bloque, que podría llevar a una ruptura, aunque por el momento sus miembros evitan hacer declaraciones públicas. “Nos debemos una conversación”, admitió un legislador crítico, que distingue entre dos sectores: aquellos que responden a los gobernadores y los radicales y socialistas “sin tierra”, que tienen una postura más desafiante frente a Javier Milei. También se han multiplicado los reclamos por el proceso de negociaciones con la Casa Rosada dentro del peronismo, que volvió a experimentar ausencias importantes. Una de ellas fue la del fueguino Agustín Tita, cercano al gobernador Gustavo Melella, cuya provincia enfrenta actualmente una grave crisis financiera y es una de las jurisdicciones habilitadas para recibir anticipos de coparticipación. La gravedad de esta situación se evidenció la semana pasada, cuando policías retirados de Tierra del Fuego denunciaron ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior que llevan 16 meses sin cobrar sus haberes jubilatorios. En una semana en la que el oficialismo buscará avanzar en su agenda, los libertarios intentan retornar el favor a sus aliados. El avance del proyecto de biocombustibles no es el único gesto que se está produciendo: también se ha añadido al temario de la sesión prevista para este miércoles un proyecto solicitado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural, además de otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo control nacional.
El Gobierno impulsa un proyecto crucial para Córdoba y Santa Fe tras la reciente sesión opositora
