La última resolución amplía las acusaciones a actos relacionados con las contrataciones de insumos, incluidos delitos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada contra la administración pública nacional.
Asimismo, el juez Lijo ha encontrado evidencia que sugiere la posible incorporación de delitos de lavado de activos agravado, en relación con la malversación de fondos provenientes de las maniobras investigadas. Un grupo de empresarios también ha sido procesado por su vínculo con diversas firmas proveedoras de la ANDIS.
Entre estos empresarios se encuentran Emilio César Olguín, vinculado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, vinculados a Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, que trabaja con Farma Salud S.R.L.
Adicionalmente, se han procesado a Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, relacionado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, vinculado a Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte de Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat de Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, vinculado a Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
La resolución también incluye a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes desempeñaron roles clave dentro del organismo, especialmente en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro aspecto de la investigación, se dictó el procesamiento de Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, enfocado en los circuitos financieros vinculados con Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la organización delictiva, mientras que se decretó la falta de mérito de 11 indagados, quienes deberán ser objeto de una investigación más profunda.
La investigación abarcó procedimientos de adquisición en seis áreas de insumos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología. Un informe técnico del Ministerio de Salud detectó diferencias de precios que ascienden a $1.849.277.963 en ciertas operaciones de insumos, lo que, sumado a $5.984.594.394,24 previamente identificados en medicamentos, da un total estimado de $7.833.872.357,24. Este cálculo es provisional y parcial, elaborado a partir de las operaciones que se pudieron comparar con valores de referencia.
La resolución enfatiza que la evidencia acumulada respalda la existencia de una organización delictiva que funcionó tanto dentro como fuera de la ANDIS, compuesta por funcionarios del organismo, como Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y otros actores externos como Miguel Ángel Calvete. Sus miembros habrían actuado de manera coordinada, distribuyendo funciones para beneficiar intereses particulares a expensas del Estado Nacional.
El fallo también menciona cómo la operatoria consistía en la manipulación sistemática de los procesos de contratación, a través de la selección arbitraria de proveedores, la divulgación de información privilegiada, la simulación de competencia y el direccionamiento en las adjudicaciones. Este método facilitó beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos para los funcionarios involucrados.
Finalmente, subraya que el significado penal de los delitos investigados no se limita a los sobreprecios identificados hasta ahora. Las pruebas reunidas demuestran un sistema organizado de contratación pública al servicio de intereses particulares, coordinado entre funcionarios y empresarios que influenciaron decisiones administrativas en favor de sus propios intereses. La resolución se encuentra actualmente bajo la supervisión del fiscal Franco Picardi, quien avanzará en una nueva fase de la investigación.
