La acción es liderada por César Lerena, especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, y cuenta con el acompañamiento del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. La reclamación económica fluctúa entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones, dependiendo del método de valuación de las capturas utilizado.
En particular, la demanda se dirige hacia empresas españolas, sociedades mixtas con capitales vinculados a las islas y también a empresas argentinas que supuestamente están conectadas con estas operaciones. Esto incluye a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios asociados.
El documento argumenta que la explotación de estos recursos se lleva a cabo sin la debida autorización argentina desde al menos 1989, causando impactos ambientales, económicos y sociales negativos. En este sentido, la demanda solicita que la Justicia ordene la suspensión de las actividades de las empresas demandadas en las aguas en cuestión y que se les condene a reparar los daños ocasionados.
Según el texto, el monto en disputa fue calculado a partir de las capturas pesqueras documentadas entre 1989 y 2025. La variación en las estimaciones se debe a las diferencias en los criterios de valuación, considerando tanto precios FOB como valores mayoristas, además de solicitar intereses, actualizaciones y costas.
Los datos presentados en la denuncia indican que Argentina desembarca aproximadamente 800.000 toneladas de productos pesqueros anualmente, con exportaciones por un valor cercano a u$s2.000 millones, mientras que la demanda estima que las capturas en las aguas de Malvinas alcanzan unas 250.000 toneladas al año.
La fundación señala que el perjuicio no solo se limita al valor de los peces extraídos, sino que también incluye pérdidas potenciales vinculadas al procesamiento industrial, la comercialización, la recaudación de impuestos y los derechos de captura que, de acuerdo con su argumento, correspondían a Argentina.
Para sustentar el reclamo, la presentación cita el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922. Además, menciona la resolución 31/49 de las Naciones Unidas, junto con estadísticas e informes técnicos, como los del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Asimismo, critica las licencias de pesca otorgadas por las autoridades de las islas, incluidas aquellas renovadas por períodos de 25 años, y ciertos esquemas societarios que permiten la participación mayoritaria de capitales relacionados con las islas.
Este acontecimiento se produce en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido, que también se manifiesta en la disputa con Chile por una ruta comercial que conecta Punta Arenas con las Islas Malvinas. Recientemente, Londres anunció que llevará a cabo conmemoraciones en las islas por el 45 aniversario de la guerra,
