A pesar de las argumentaciones del Tribunal Oral en lo Criminal (TOF) 5, compuesto por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, la Corte considera que estas no son suficientes para justificar la decisión de llevar a cabo juicios separados para los casos Hotesur y Los Sauces.
Como resultado, los jueces de la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, respaldaron lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, que se oponía a la fragmentación de los expedientes y solicitaba la realización de un solo juicio. En contraste, el camarista Alejandro Slokar manifestó su desacuerdo y argumentó que cambiar la decisión previamente adoptada por el TOF 5 respecto a la división de los casos implicaría una intromisión en una potestad exclusiva del Tribunal: la organización del debate oral y público.
Este caso llegó al máximo tribunal penal porque el fiscal de juicio, Diego Velasco, argumentó que el fraccionamiento de la causa generaría una “parcialización de la prueba y dificultaría apreciar la maniobra en su verdadera significación jurídico-penal, poniendo en riesgo la teoría del caso de los acusadores y limitando, además, a la propia defensa de los imputados”.
El fiscal general, Mario Villar, respaldó este argumento ante la Casación, añadiendo que dividir las actuaciones “no favorece la celeridad, pues implica dos procesos completos separados y, entre otros aspectos, rondas completas de alegatos y dos sentencias; con los plazos que ello implica, así como los posibles recursos que puedan plantearse”.
Al fundamentar el voto por la mayoría, a través del cual la Casación decidió la unificación de los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces, los magistrados consideraron que había suficientes fundamentos jurídicos no solo para atender al reclamo del Ministerio Público Fiscal, sino también para respaldar a la querella, que es la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por lo tanto, se desestimó la idea de desdoblar los debates y se ordenó la realización de un único juicio oral y público que abarque ambas causas, el cual comenzará el próximo viernes. El juez Daniel Petrone afirmó que “la conexidad responde a razones jurídicas vinculadas, en este caso, con las reglas que rigen el concurso de delitos, y no a una mera conveniencia instrumental”.
El tribunal continuó explicando que una decisión de tramitar los procesos por separado “no elimina la relación de conexidad existente ni exime de considerar las consecuencias que esa modalidad de juzgamiento puede traer consigo en la aplicación de aquellas reglas”. Este último punto fue la queja central del fiscal Velasco: el desglose de la causa afectaría la labor del Ministerio Público, la utilización de la prueba y el marco acusatorio presentado como parte de una única maniobra llevada a cabo a través de dos empresas de la misma familia y con el mismo fin delictivo. Esto fragmentaría las pruebas y el delito investigado.
El juez Petrone dio mayor soporte a su postura al aclarar que las facultades ordenatorias están precisamente destinadas a “permitir que el tribunal adapte la gestión del debate a las particularidades del caso, sin que ello implique modificar las reglas del juzgamiento ni fragmentar de manera innecesaria el objeto procesal”. Asimismo, apuntó que la separación del trámite “obstaculiza el avance de la causa hacia la etapa de juicio y, con ello, la posibilidad de que la pretensión punitiva, tal como fue promovida por los acusadores, obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un tiempo razonable”.
El TOF 5 había indicado que parte de la instrucción suplementaria del caso Hotesur permanece pendiente, lo cual fue uno de los fundamentos utilizados para decidir la división de los casos y realizar así dos juicios. Sin embargo, el juez Barroetaveña consideró que tal argumentación “no puede convertirse, por sí sola, en una justificación automática para postergar indefinidamente el debate”.
Adicionalmente, Barroetaveña afirmó que, independientemente de los motivos y de los “razonables desafíos” que representa la organización de juicios complejos o con una abundante cantidad de pruebas para producir, es evidente que todas las atribuciones del tribunal tienen como límite el marco del proceso que llega a la etapa de juicio, el cual fue delineado por el Ministerio Público Fiscal y las otras partes acusadoras. En ese sentido, se precisa que la Casación no está decidiendo sobre la organización del juicio, sino sobre el agravio que, según se entiende, se cometía contra el Ministerio Público Fiscal y la querella en el momento de dividir los casos.
Por otra parte, el juez Barroetaveña destacó los beneficios del principio adversarial a través de la “oralidad y publicidad” como elementos que “nutren y favorecen las discusiones entre las partes, que se desaprovecharon en esta ocasión por el doctor Mario Villar en la audiencia asignada”, refiriéndose a la ausencia del fiscal general en la audiencia ante la Casación la semana anterior.
En cuanto a la postura opuesta, el juez Slokar integró la minoría en este fallo, sosteniendo que lo decidido por el tribunal oral “involucra medidas ordenatorias del debate que, por principio, son exclusivas del órgano de juicio”. En este contexto, recordó que desde siempre la propia Cámara de Casación ha manifestado que, “por tratarse de un acto de dirección del proceso, la decisión atacada no es susceptible de ser impugnada por vía casatoria”.
Siguiendo esta línea, el camarista apuntó que los planteos del fiscal Velasco y de la UIF cuestionan las decisiones adoptadas por el órgano de juicio, que ejerció sus prerrogativas para organizar el debate oral y público. La revisión por parte de esta alzada podría, en los términos propuestos, estar haciendo una “exorbitancia competencial”.
Finalmente, concluyó que, “sin perjuicio de encomendarse celeridad y mantenimiento del buen orden procesal para la eficaz prestación del servicio de justicia, el reclamo no puede ser acogido”, resaltando la necesidad de “resguardar la independencia judicial en su dimensión interna o vertical”. El Tribunal de juicio había sostenido, entre sus fundamentos para dividir los juicios, que Hotesur y Los Sauces tienen objetos procesales diferentes y que cada acusación puede ser entendida, probada y decidida de forma autónoma.
Esta premisa fue refutada por la fiscalía, que catalogó la afirmación de “falsa”, argumentando que “no contempla adecuadamente las conexiones existentes entre las maniobras investigadas”. De los requerimientos de elevación de juicio surge que ambas acusaciones describen un “mismo mecanismo”, destinado a canalizar hacia el patrimonio de un mismo grupo familiar fondos presuntamente provenientes de la defraudación al Estado Nacional a partir de la obra pública vial en Santa Cruz, utilizando sociedades pertenecientes al Grupo Báez bajo la apariencia de contratos comerciales.
En Los Sauces, ese mecanismo se combina con otro, alimentado por empresas del Grupo Indalo, que no están siendo investigadas en Hotesur. Además, se detalló que doce de los diecinueve imputados de Hotesur también enfrentan acusaciones en Los Sauces: Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Leandro Albornoz, Romina Mercado, Emilio Martín, Martín Jacobs y Leiva.
Por otra parte, el tramo que involucra al Grupo Báez es común a ambos esquemas. Según el requerimiento de Los Sauces, las empresas de Lázaro Báez canalizaron hacia esa sociedad un total de $6.851.650,97, lo que representa el 23 % de su facturación entre enero de 2009 y marzo de 2016, a través de Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones y Valle Mitre. Tres de estas firmas, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, son aquellas que, según los hechos investigados en Hotesur, financiaron a la empresa de Báez Valle Mitre para sostener la explotación hotelera.
Además, se señaló que la cuarta firma es la propia Valle Mitre, que aportó a Los Sauces un total de $2.836.724 de esa suma total. En resumen, la sociedad que constituye el eje de la imputación de Hotesur es, al mismo tiempo, una de las aportantes de Los Sauces.
Como punto significativo, se destacó que Valle Mitre, que es el eje de la imputación de Hotesur, actúa como arrendataria de Los Sauces. Las acusaciones en el caso de Hotesur indican que, a través del hotel La Aldea, perteneciente a Los Sauces, Valle Mitre garantizó a la ex familia presidencial un flujo de $2.836.724 entre junio de 2009 y mayo de 2013. Se agrega de manera expresa que todo esto “ha formado parte de la acusación formulada en la causa conexa 32/16, la cual se encuentra en etapa de juicio oral y público”.
En conclusión, el Ministerio Público plantea que “el mismo hecho, el mismo vehículo societario y el mismo dinero integran ambas acusaciones”. Resulta difícil defender la posición de que las coincidencias probatorias son parciales cuando un expediente se nutre documentalmente del otro. Los argumentos presentados por la Cámara de Casación este martes respaldan esta postura, con un voto dividido.
