Según fuentes cercanas al caso, la búsqueda de Axel permanece activa en un área de 300 hectáreas en la que se cree que podría encontrarse. La Policía de Chaco, la única fuerza encargada de la operación, ha coordinado esfuerzos que incluyen recorridos preventivos, rastrillajes, entrevistas y diversas tareas investigativas a lo largo y ancho de la provincia, sin descartar la posible participación de fuerzas federales en la investigación.
El equipo de fiscales que lidera la operación de búsqueda, integrado por Noelia Encinas, Julieta Arolfo y Luciano Santos —este último experto en Derechos Humanos—, espera recibir autorización para acceder a los dispositivos móviles de los Gómez.
El expediente incluye antecedentes de violencia entre la familia González y amigos de la expareja de Axel. Existen denuncias previas por amenazas y enfrentamientos armados en esta compleja relación. Asimismo, se han señalado a otros cuatro individuos, incluyendo a Leonardo Nicolás Silva y Agustín Ariel Pucheta, exboxeador, por presunto encubrimiento de la situación y por desviar la investigación hacia otros rumbos.
Las indagaciones han revelado que varios de los sospechosos tienen antecedentes penales, en particular Ramón Antonio Gómez, que cuenta con condena condicional por tenencia de drogas, y su hijo, Sergio, quien también ha enfrentado problemas judiciales por infracciones similares. Por otra parte, los informes de Ariel Esteban Lázaro muestran acusaciones de lesiones y amenazas, mientras que Silva figura en los registros policiales por hurto y daños.
El Ministerio de Seguridad Nacional ha establecido una recompensa de 10 millones de pesos para quien proporcione información relevante sobre el paradero de Axel González. Esta medida busca agilizar la investigación sobre un posible delito relacionado con su desaparición y también contempla una línea paralela sobre la posible intervención policial, de acuerdo con la resolución oficial emitida el 5 de junio.
La recompensa está destinada a individuos que no hayan estado implicados en los hechos, y el Gobierno ha indicado que la información puede compartirse a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, garantizando el anonimato de quienes colaboren.
Por otro lado, se está investigando a cuatro policías que estaban de servicio en la Comisaría Segunda de Fontana durante los días críticos de la desaparición. Aunque no están detenidos, han sido trasladados y están bajo revisión de sus dispositivos electrónicos.
María Inés Gómez, madre del joven desaparecido, ha expresado su preocupación por la posible implicación policial en el caso. Su sospecha se basa en aparentes irregularidades durante los operativos de búsqueda, incluso sugiriendo que se manipuló evidencia, como la colocación de una ojota en un lugar que ya había sido revisado. Esto motivó una denuncia formal que ha llevado a la justicia provincial a abrir dos investigaciones: una para localizar a González y otra para esclarecer la posible participación de la policía en su desaparición.
Las pericias realizadas descartaron la posibilidad de que González hubiera sido subido a un patrullero o trasladado a una comisaría. A raíz de una evaluación del fiscal Santos, la causa fue reasignada, ya que no se encontraron elementos suficientes para mantener una imputación por desaparición forzada contra los policías involucrados.
