La demanda civil, presentada en el Distrito Sur de Manhattan, sostiene que la estatización de la petrolera en 2012 vulneró sus estatutos.
La operación comenzó a gestarse en febrero de 2008, cuando las sociedades españolas Petersen Energía Inversora S.A.U. y Petersen Energía S.A.U. compraron a la también española Repsol un primer paquete del 14,9 por ciento de las acciones Clase D, mediante certificados estadounidenses de depósito.
En diciembre de ese año, el grupo elevó su participación al 15,46 por ciento. En mayo de 2011 ejerció una segunda opción de compra, con la que llegó al 25,46 por ciento del capital accionario de la compañía.
La operación no exigió una inversión de gran escala con fondos propios: la adquisición se financió con dos líneas de crédito, concedidas por un consorcio de bancos internacionales y por la propia Repsol.
Como garantía ante posibles incumplimientos, Petersen otorgó en prenda la totalidad de sus acciones en YPF al Bank of New York Mellon, que cumplió las funciones de custodio y agente de garantías.
El plan de pago dependía de que YPF distribuyera obligatoriamente el 90 por ciento de sus utilidades en dividendos. También contemplaba un dividendo extraordinario inicial de 850 millones de dólares, según los contratos de crédito y el acuerdo de accionistas con Repsol.
Durante cuatro años, el esquema operó según lo previsto y Petersen atendió los pagos de su deuda con las transferencias periódicas de YPF.
La solvencia de las empresas de los Eskenazi, sin embargo, quedó ligada a la continuidad de esos dividendos. El mecanismo se interrumpió cuando el Gobierno nacional resolvió intervenir la petrolera.
