El oficialismo tiene la expectativa de obtener un amplio respaldo para avanzar con esta iniciativa, que pretende establecer un nuevo marco institucional para el Banco Central y limitar las herramientas con las que históricamente ha financiado al sector público. Con esto, el Gobierno persigue que las restricciones al financiamiento monetario y la autonomía del Banco Central perduren más allá de la presente administración, convirtiéndose en normas permanentes de la política económica.
Previo al tratamiento en el recinto, el oficialismo se muestra optimista en reunir los votos necesarios para impulsar la reforma. Gabriel Bornoroni, líder del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, expresó que existen “muchas expectativas de que salga con el acompañamiento de la mayoría de los bloques”.
El legislador destacó, además, que en la elaboración del dictamen se tomaron en cuenta las observaciones de los espacios que respaldan la iniciativa. “Los únicos que se oponen con argumentos sin sustento son Unión por la Patria y la izquierda”, afirmó el legislador.
Este optimismo se fundamenta en el apoyo que logró el oficialismo durante el tratamiento en comisión: el dictamen recibió 42 firmas de 73 diputados presentes, con el respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR, entre otros bloques.
El dictamen cuenta también con la firma del diputado radical Lisandro Nieri, exministro de Hacienda de Mendoza, quien ya había presentado en 2022 un proyecto similar para reformar la Carta Orgánica del Banco Central.
En conversación, Nieri expresó su confianza en que la medida obtenga media sanción, argumentando que la reforma es necesaria “para no volver en el futuro a cometer los gravísimos errores del pasado, que nos han llevado a más inflación e inestabilidad monetaria, con todas las consecuencias que ello conlleva”.
Respecto de su anterior propuesta del 2022, Nieri destacó que se trataba de un proyecto más “acotado”, aunque coincidió en un punto crucial: limitar el objetivo primario del Banco Central a la estabilidad de precios.
El apoyo de sectores opositores que están dispuestos al diálogo será fundamental para la estrategia legislativa del Gobierno. Con el dictamen ya firmado, el oficialismo intentará mantener la mayoría que logró en las comisiones para avanzar con la media sanción de la reforma en el recinto.
El proyecto establece que la destitución del presidente y los directores del Banco Central requerirá el consenso de dos tercios en ambas cámaras. Este mecanismo busca elevar las exigencias para la remoción de las autoridades de la entidad y disminuir la probabilidad de que un cambio gubernamental lleve a modificaciones en la dirección y política monetaria.
En la actualidad, la Carta Orgánica establece que el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con aprobación del Senado y tienen mandatos de seis años. Sin embargo, una de las alternativas que se discutieron, aunque no se incluyó en el proyecto, es extender estos mandatos para aumentar la separación entre los ciclos políticos y la gestión del Banco Central. Desde la entidad manifestaron que, por ahora, consideran suficiente la reforma propuesta.
Por ende, la principal vía elegida para garantizar la estabilidad de las autoridades no será extender sus mandatos, sino hacer más rigurosas las condiciones para su remoción.
El enfoque propuesto guarda similitudes con el sistema institucional vigente en Perú, particularmente en relación a la conformación y remoción de sus autoridades monetarias. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cuenta con un directorio de siete miembros, de los cuales cuatro son designados por el Poder Ejecutivo, incluyendo al presidente, y tres son elegidos por el Congreso, que también ratifica al titular.
Además, los directores solo pueden ser removidos por falta grave y necesitan el apoyo de dos tercios del número legal de legisladores. Existe también un respaldo constitucional que garantiza la autonomía del Banco Central peruano y prohibiciones de financiar al Tesoro.
La situación en Argentina, aun con la reforma propuesta, sigue siendo muy distinta. Aunque la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la independencia del Banco Central y consolidar un perfil más técnico de la institución, la política monetaria seguirá estando influenciada por la política económica establecida por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía.
Así, limitar el mandato del Banco Central a la estabilidad de la moneda podría generar tensiones con un gobierno que busque implementar políticas económicas más expansivas, especialmente si sus objetivos chocan con las decisiones de la autoridad monetaria. Un ejemplo reciente se puede observar en Brasil, donde la autonomía del Banco Central ocasionó fuertes disensos entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la autoridad monetaria respecto al nivel de las tasas de interés.
Para el actual directorio del Banco Central, esta iniciativa persigue establecer una hoja de ruta y un marco normativo que ofrezcan previsibilidad a la política monetaria, sin importar quién esté en el gobierno.
Además, el oficialismo destaca el impacto que ha tenido en las finanzas del Banco Central el uso de la autoridad monetaria para financiar al Estado. Según estimaciones que sustentan la propuesta, el deterioro patrimonial acumulado entre 2003 y 2023, al considerar activos y pasivos financieros, alcanzó los 553.000 millones de dólares.
Con ese diagnóstico, el Gobierno busca que la disciplina fiscal y la imposibilidad de recurrir al Banco Central para financiamiento sean incorporadas a un marco institucional más estricto.
Un cambio fundamental es la prohibición de financiamiento al Tesoro, provincias y municipios. La iniciativa elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios u otro tipo de asistencia financiera directa o indirecta al sector público, lo que implica la supresión del artículo 21 de la actual Carta Orgánica.
Además, se pretende impedir la transferencia de utilidades contables y dividendos al Tesoro, incluidas las ganancias derivadas de variaciones cambiarias u operaciones financieras, para evitar que resultados contables surgidos de la valorización de activos del Banco Central se conviertan en una fuente de financiamiento fiscal.
Otro cambio relevante es la redefinición del objetivo institucional del Banco Central, que ahora tendrá como misión principal preservar el valor de la moneda y eliminará competencias adicionales de la reforma de 2012, que incluían la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico equitativo.
La reforma también prohíbe el uso de Letras Intransferibles, títulos otorgados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales y que no pueden ser negociados en el mercado. Estos instrumentos se utilizaron a partir de 2006 y permitieron al Tesoro obtener reservas del Banco Central para cumplir con deudas en moneda extranjera a cambio de títulos que quedaban en los activos del ente monetario.
A pesar de los cambios propuestos, el verdadero desafío de esta reforma residirá en la capacidad de mantener las nuevas normas más allá de la administración actual. El apoyo que logre el oficialismo en el Congreso será un primer indicio del grado de consenso político sobre este objetivo. Sin embargo, la pregunta a largo plazo será si esas restricciones se consolidarán como normas permanentes de la política económica argentina o si volverán a quedar sometidas a las decisiones de cada administración.
