Cuando el Gobierno sostiene que faltan ingresos para pagar o mejorar las jubilaciones y que el sistema previsional está quebrado, ofrece una mirada parcial. La administración define qué gastos reduce y qué ingresos condona, y con esas decisiones desfinancia el sistema. La creación del FAL es un caso concreto: deriva aportes patronales de la seguridad social a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones.
La informalidad laboral y el envejecimiento de la población son problemas estructurales que requieren una reforma previsional, pero no una que se limite a aplicar ajustes.
Sobre el financiamiento, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca en primer término la pérdida de recursos que genera el FAL.
El debate revela una contradicción. El oficialismo acusa a gobiernos anteriores de haber perjudicado las cuentas previsionales con políticas inclusivas, como las moratorias. Sin embargo, la actual administración también afecta a los jubilados al reducir aportes y contribuciones con el objetivo de mejorar el balance de las empresas.
El FAL es el ejemplo más evidente: se nutre de recursos que deja de recibir la Seguridad Social, equivalentes al 2,5 y al 1 por ciento de las remuneraciones de los trabajadores asalariados, de acuerdo con el tamaño de cada empresa.
Para calcular el impacto, el CEPA proyectó la masa salarial del sector privado según el tamaño de los empleadores, a partir del Boletín de Seguridad Social. Estimó que entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027 la recaudación perdería 4,3 billones de pesos. Al tipo de cambio mayorista previsto para noviembre de 2026, de 1.542,8 pesos por dólar, el costo del FAL para la Seguridad Social alcanzaría los 2.785 millones de dólares durante su primer año. La cifra representa el 7,2 por ciento de la recaudación anual del sistema.
Jubilaciones mínimas
En noviembre de 2026, el haber mínimo será de 444.027,73 pesos. En doce meses, con trece pagos por la inclusión del aguinaldo, suma 5.772.360 pesos. Así, los 4,3 billones de pesos que el FAL restaría a la Seguridad Social en su primer año equivaldrían a unas 744.300 jubilaciones mínimas anuales.
Si se suma el bono mensual de 70.000 pesos durante los doce meses, la equivalencia se reduce a 649.800 haberes.
La comparación lleva a preguntarse cuántas personas se jubilarán por primera vez en 2027. A partir del total de beneficiarios del primer semestre de 2026 y de los datos del Presupuesto 2027, el CEPA calcula entre 200.000 y 225.000 nuevas jubilaciones, en línea con las proyecciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El costo del FAL en su primer año sería, por lo tanto, más de tres veces y media superior a la cantidad de nuevos jubilados prevista.
El financiamiento previsional aparece así como una cuestión de decisión política: condonar aportes empresariales reduce la capacidad de recaudación y debilita la sostenibilidad del sistema.
Un sistema alternativo
La plataforma Futuros Mejores propone fortalecer el sistema público de reparto, que, según sostiene, “ha probado globalmente ser más sólido frente a las crisis que los sistemas privados de capitalización”.
En lugar de priorizar el ajuste fiscal y proponer la eliminación de las moratorias o el aumento de la edad jubilatoria, la iniciativa pone el acento en la cobertura. Reconoce el impacto de la informalidad laboral y el envejecimiento de la población, y advierte que un régimen sostenido únicamente por los aportes de trabajadores registrados no basta para garantizar derechos.
“Argentina alcanzó niveles prácticamente universales de cobertura gracias, en buena medida, a las moratorias: sin ellas, solo alrededor del 55 por ciento de las personas mayores habría podido jubilarse”, señala el documento.
La Argentina no fue una excepción, agrega el análisis: en la última década, la cobertura previsional mundial pasó del 54 al 77 por ciento. El avance no se debió a la desaparición del empleo informal, sino a que numerosos países ampliaron los mecanismos de inclusión.
Sus impulsores advierten que esa conquista empezó a revertirse en el país. Según un relevamiento de La Cocina de los Cuidados, entre diciembre de 2023 y junio de 2025 la cobertura total de jubilaciones y pensiones bajó del 99 al 96 por ciento entre las mujeres y del 96 al 94 por ciento entre los varones.
Una propuesta con tres ejes
El primer eje de Futuros Mejores es la suficiencia. Plantea elevar el nivel actual de protección social, que está por debajo del haber mínimo en el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y resulta insuficiente.
La iniciativa también propone que la actualización de los haberes tenga en cuenta el crecimiento económico. De ese modo, cuando la economía avance, los jubilados no solo evitarían perder poder de compra frente a la inflación, sino que podrían mejorar sus ingresos.
El segundo eje es la cobertura. El sistema debería incluir a todas las personas, no únicamente a quienes hayan realizado aportes durante 30 años ininterrumpidos en el empleo registrado.
En la Argentina, la cobertura se reduce por el recorte de las moratorias. En el mundo, en cambio, se amplía, pese a que la informalidad sigue siendo un problema global y también está en aumento.
La sostenibilidad constituye el tercer pilar. Para financiar las medidas, Futuros Mejores propone una reforma tributaria que revise la forma en que el Estado destina sus recursos.
El gasto tributario argentino representa entre 4 y 5 puntos del producto bruto interno e incluye desde la exención del impuesto a las ganancias para los jueces hasta los subsidios a Mercado Libre por la Ley de Conocimiento. “Si este gasto se redujese en un 30 por ciento, alcanzaría para aumentar instantáneamente un 20 por ciento el haber a todos los jubilados que cobran la mínima”, estiman.
La propuesta contempla, además, ampliar el margen fiscal mediante cambios en la tributación, entre ellos gravar la renta financiera y la energética. Sus autores señalan que más de la mitad del pago de las jubilaciones ya se cubre con rentas generales, y no con aportes y contribuciones laborales, como sucede en el resto del mundo.
El estudio del CEPA y la iniciativa de Futuros Mejores ponen en discusión aspectos que, según sus impulsores, quedan fuera del debate de la derecha sobre las jubilaciones.
El sistema previsional enfrenta dificultades de sostenibilidad, pero medidas como el FAL, que resignan recursos en beneficio de las empresas, las profundizan en vez de resolverlas. La discusión tampoco puede limitarse a las cuentas: los haberes deben permitir una vida digna.
Frente a un Estado que mantiene beneficios para jueces y grandes fortunas, la alternativa planteada es redirigir recursos hacia la seguridad social y recuperar los mecanismos de solidaridad que el ajuste viene desarmando.
