Finalmente, este viernes arranca el juicio oral por presunto lavado de dinero, donde se sentarán en el banquillo de los acusados Cristina y Máximo Kirchner, junto a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Este caso, denominado Hotesur-Los Sauces, se analizará como un único proceso judicial y busca esclarecer si los Kirchner y los mencionados empresarios establecieron un sistema de beneficios en la obra pública a cambio de alquilar hoteles de manera sospechosa. Con ambos Kirchner conectados de forma virtual, el juicio comenzará hoy a las 10:00, en el que la Justicia pretende determinar si los fondos públicos recibidos por los empresarios favorecidos por el kirchnerismo retornaron a la familia Kirchner a través de sus inversiones hoteleras e inmobiliarias. Este juicio es crucial, ya que podría arrojar luz sobre una vasta red de corrupción. En esta ocasión, la expresidenta se enfrenta nuevamente a la justicia y, por primera vez, su hijo estará presente en un tribunal. La causa guarda relación con otros expedientes y tiene un rol central en el entramado judicial vinculado al kirchnerismo. En otro contexto, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión en un caso por irregularidades en la obra pública que benefició a Báez en Santa Cruz, mientras que en Hotesur-Los Sauces se deberá establecer si parte de los ingresos generados por Báez regresaron al patrimonio de los Kirchner a través de sus propiedades. La conexión entre ambos casos fue mencionada en la sentencia de 2022, donde se destacó su relación comercial con Báez y se advirtió que los beneficios derivados de la obra pública no podían pasar desapercibidos. Según los documentos del nuevo juicio, se indica que la familia Kirchner recibió más de $40 millones entre 2008 y 2013 en concepto de alquileres de hoteles, provenientes de las empresas de Báez. Sin embargo, la causa Hotesur-Los Sauces abarca más que las transacciones con Báez. También se encuentran bajo la lupa judicial las transacciones inmobiliarias que los Kirchner realizaron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, quienes aportaron más de $19 millones. En este caso, los beneficios a los empresarios no se relacionaron con la obra pública, sino con una supuesta retención indebida de impuestos, ya que Oil Combustibles, la empresa del grupo, habría acumulado más de $8000 millones al no ingresar a la AFIP el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Al igual que el expediente de Vialidad, este capítulo también tiene un prolongado recorrido judicial. El exdirector de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue condenado, pero López y De Sousa fueron absueltos, y las resoluciones aún no tienen un cierre definitivo en la Corte Suprema. Los vínculos comerciales presentados en el juicio están respaldados desde la instrucción, con pruebas documentales y peritajes contables. De hecho, uno de los argumentos utilizados por la defensa se basa en el hecho de que los pagos fueron registrados, lo que, aseguran, prueba que no hubo intención de ocultar nada. Así, la discusión central del juicio no será si existieron estos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si constituyen negocios legítimos, como argumentan los defensores. En este contexto, Cristina y Máximo Kirchner, junto a los empresarios y otros imputados, como Romina Mercado, serán juzgados por lavado de dinero y otros delitos relacionados. Los fiscales que llevaron la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, identifican a Vialidad como el delito previo en el caso de Báez y a Oil Combustibles en el de López y De Sousa. Este argumento será presentado por el fiscal Diego Velasco en el tribunal. El juicio será conducido por el Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, y se desarrollará en tres audiencias semanales, estando disponible su transmisión en línea. La primera audiencia se llevará a cabo en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y se dedicará a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar virtualmente en la fase inicial, pero deberán asistir en persona durante las indagatorias, mientras que los abogados defensores deberán estar físicamente presentes en la sala. Según la acusación, el origen de este entramado ilegal se remonta a 2008, cuando Néstor Kirchner adquirió Hotesur. Aquel día, pagó casi US$5.000.000 por las acciones de la sociedad que poseía el hotel Alto Calafate, utilizando a un hombre de confianza, Osvaldo Sanfelice, para llevar a cabo la transacción. Sanfelice trasladó más de US$3.000.000 en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río en Buenos Aires, mientras que el resto fue transferido desde el Banco de Santa Cruz. Kirchner ya había adquirido previamente la hostería Las Dunas por 700.000 dólares, con la representación de su hijo, Máximo. Posteriormente, en abril de 2009, se concretó la compra de La Aldea mediante la sociedad Los Sauces. Los fiscales identifican tres principales fuentes de financiamiento para estas operaciones: los negocios inmobiliarios y préstamos de empresas de Lázaro Báez, la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz y los créditos otorgados por el Banco de Santa Cruz, gestionados por la familia Eskenazi, quienes concedieron préstamos a tasas similares a las que la familia Kirchner recibiría por sus depósitos. Tras la compra de los hoteles, los Kirchner delegaron su gestión y operación a Valle Mitre, de Báez.
Hotesur: inicia el juicio que podría desvelar la corrupción kirchnerista
