En la reunión de la mesa política del martes pasado, el reducido grupo elegido por el presidente Javier Milei deliberó sobre la posibilidad de introducir cambios en el proyecto para facilitar su aprobación. Este debate se llevó a cabo tras las críticas de la oposición a varios de sus puntos y la anunciaran su rechazo a artículos como el 111, mientras que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina sugirió que el régimen de infraestructura crítica se basara en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.
Después de postergar su tratamiento debido a las diferencias internas y la falta de apoyos, el oficialismo se prepara para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados en las próximas semanas, con una fecha tentativa para el miércoles 28 de octubre, aunque otras fuentes indican que todavía no se ha fijado un día concreto. La intención inicial era dictaminar el proyecto el pasado martes y tratarlo en la sesión de este miércoles, pero las complicaciones para reunir las firmas obligaron al Poder Ejecutivo a ajustar el cronograma.
Las proyecciones sobre los resultados son dispares. Un miembro del ala política estima que recibirán entre 135 y 140 votos a favor y asegura que el Gobierno impulsó la normativa consciente de la controversia que generaría. Sin embargo, otras voces advierten que se trata de un proyecto complejo que, si el debate se estanca, podría ser finalmente rechazado.
Luego de considerar las sugerencias del PRO, el MID, AmCham y el embajador de Estados Unidos, la administración libertaria se comprometió con sus aliados a restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas así como a crear una comisión bicameral para supervisar las facultades excepcionales del organismo.
Tal como había adelantado la diputada libertaria Silvana Giudici, el oficialismo revisó el artículo 111 e introdujo precisiones en el régimen sancionador. Además, según confirmaciones de una fuente en el tema, aceptaron la posibilidad de especificar las facultades del Consejo para supervisar las inversiones de gobiernos y empresas extranjeras y redefinir el delito de injerencia extranjera.
En el entorno libertario perciben un impacto político favorable del tema Malvinas, una iniciativa sugerida por el asesor presidencial Santiago Caputo para reponer la agenda pública. En Casa Rosada consideran que este tema ha ayudado a mejorar la imagen de Javier Milei, aunque también ha generado el primer desacuerdo con la administración de Donald Trump desde que ambos gobiernos fortalecieron su vínculo.
En medio de las negociaciones, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió el miércoles en Casa Rosada al embajador Peter Lamelas con el objetivo de discutir la relación bilateral y los proyectos de desarrollo e inversión de empresas estadounidenses en el país.
A pesar de los esfuerzos públicos para desmentir la influencia de Estados Unidos en la redacción del proyecto, en Balcarce 50 admitieron que la decisión del gobierno republicano de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas llegó en “un mal momento”.
Si bien hay coincidencias respecto a la valoración del comité, en el Poder Ejecutivo consideran que su eliminación no sería conveniente, ya que permite a Argentina mantener su reclamo jurídico de soberanía frente al Reino Unido. Por esta razón, sostienen su decisión de abstenerse en la votación.
“No compartimos la postura con Estados Unidos, pero la decisión no tiene nada que ver con nosotros”, afirmaron, con cierta incomodidad, en uno de los despachos de Balcarce 50, a contramano de lo expresado por el vocero presidencial. Sin embargo, en el círculo más cercano a Milei no esperan avances concretos en el reclamo de soberanía y consideran que Donald Trump apunta a una batalla discursiva sobre el tema.
