En su defensa, la exprocuradora rechazó haber estado involucrada en la supuesta maniobra para manipular la licitación y señaló a Guillermo Bellingi, quien era subdirector general de Administración de la Procuración y tuvo un papel en el proceso de contratación. Bellingi, cuya muerte precedió al inicio del juicio, era medio hermano del productor de seguros Juan Carlos Thill, quien cobró una comisión de 3 millones de pesos por su participación en la operación.
El juicio, que se inició el 22 de septiembre, examina la adquisición del inmueble en 2013, donde actualmente funciona la Procuración General. Según la acusación del fiscal Colombo, el proceso de contratación estuvo dirigido para favorecer a la empresa vendedora, Arfinsa, lo que resultó en el pago de comisiones millonarias a intermediarios.
Arfinsa abonó una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la compraventa, mientras que esta última transfirió poco más de 3 millones de pesos a Thill en concepto de asesoramiento alegado. Los investigadores sostienen que Thill accedió anticipadamente a información sobre los pliegos y las fechas de la licitación gracias a su medio hermano, quien participaba en el proceso de contratación desde la Procuración.
La investigación fue liderada por el fiscal Eduardo Taiano, quien en julio de 2017 requirió la indagatoria de Gils Carbó, cuando ella aún ocupaba su cargo. Junto a Gils Carbó, otros tres acusados son juzgados: Thill, Bárbara Jaureguiberry, representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, y Adrián González Fischer, exdirectivo de Arfinsa, todos enfrentando cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Adicionalmente, la exprocuradora Gils Carbó se encuentra defendiendo en el juicio oral relacionado con los cuadernos de las coimas al empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería.
