La CGT emitió un comunicado titulado “Basta de trabajadores detenidos por protestar”, donde señala que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeros es un hecho de extrema gravedad y no puede tolerarse en una democracia”. Además, responsabilizan “a la empresa concesionaria y al gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto y sus consecuencias”.
En tanto, la CTA Autónoma, bajo la dirección de Hugo Godoy, resaltó su rechazo a “la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales”.
Más allá de estos pronunciamientos individuales, lo relevante fue la decisión de reunirse en la sede de la CATT. Allí, junto a Segovia, que ya había recuperado su libertad, se encontraban Cristian Jerónimo, cosecretario general, Juan Carlos Schmid, líder de la CATT, y Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, entre otros líderes sindicales. Esto se constituyó como una fuerte muestra de apoyo y solidaridad.
Segovia catalogó la detención de los líderes sindicales como “de extrema gravedad”. Schmid hizo un llamado a reforzar la unidad del movimiento obrero ante “cualquier intento de disciplinamiento de las organizaciones sindicales mediante la persecución y judicialización de conflictos laborales”.
El líder de la CATT advirtió que cualquier acción de protesta a futuro “se trabajará y consensuará con la CGT”.
Por su parte, Jerónimo sostuvo que “no se puede aceptar la normalización de los mecanismos represivos o judiciales para silenciar las demandas de los trabajadores”. Moyano, a su vez, criticó a los gobernadores peronistas que respaldaron reformas laborales que permiten abusos sobre los derechos laborales.
El gobierno porteño envió un mensaje claro: “El que bloquea un servicio esencial va preso”, en referencia a la apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, sin considerar los motivos que alentaron la protesta. Según lo relatado por el gremio de los metrodelegados, la respuesta fue casi inmediata. Tras la denuncia del gobierno porteño, la policía se dirigió a la estación. Primero localizaron a Heredia y, cuando Dellecarbonara intentó protegerlo, lo detuvieron también. En medio de empujones, un grupo de diez efectivos contuvo a los delegados en el andén y los detuvo. Poco después, llegó Segovia, quien también fue arrestado bajo la acusación de agredir a un agente policial. Los tres fueron llevados detenidos.
Posteriormene, Dellecarbonara y otros delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) afirmaron que se están viviendo persecuciones judiciales con un claro matiz político. Aunque el operativo y las detenciones fueron ordenadas por la fiscala Natalia Pla, de la Unidad Fiscal Norte (UFN), los metrodelegados mencionan que la responsable de estas operaciones es la fiscala Celsa Ramírez, al frente de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n.º 35 de la Ciudad de Buenos Aires.
Según los metrodelegados, Ramírez tiene un largo historial de persecuciones contra trabajadores y mantiene un estrecho vínculo con el macrismo. Pla, aunque de perfil más bajo, también ha estado involucrada en casos contra trabajadores en situación de informalidad.
“La fiscal Celsa Ramírez colabora constantemente con el gobierno porteño, buscando crear causas para llevarse a compañeros. Los trabajadores respondimos, así como también lo hicieron las organizaciones que nos apoyan”, afirmó Jorge “Tano” Pisani, referente de Metrodelegados, en un programa radial. “Ramírez es la fiscal que ha abierto causas a 171 trabajadores”, resaltó.
Pisani menciona la denuncia de Ramírez por asociación ilícita contra casi 200 trabajadores, a quienes cuestiona por participar en acciones de protesta.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se encontraba en Madrid y en un discurso en homenaje a Borges lo llamó José Luis. Desde allí, se pronunció en su cuenta de X respecto a los acontecimientos en la estación Rosas, señalando: “Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.
Su mensaje continuó: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le arruinen la vida a millones de personas para defender sus intereses y encima se los lleven gratis. Ley y orden”, terminó.
Una vez realizadas las detenciones, militantes políticos y sindicales comenzaron a acercarse para expresar su apoyo a la protesta de los trabajadores del subte y sus detenciones. En ese contexto, la policía porteña nuevamente recurrió a la fuerza para despejar la zona. En medio de la confusión, fue detenido Luciano Corradi, delegado de GPS Aerolíneas Argentinas, aunque recuperó la libertad poco después.
Mientras tanto, más dirigentes sindicales se sumaban, como Roberto Baradel, Daniel “Tano” Catalano y los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, entre otros.
Segovia, el primero en ser liberado, afirmó que “estos vienen por todo” y añadió: “Hoy fui golpeado. Si creen que nos van a domesticar, están muy equivocados”. Poco después, Dellecarbonara destacó que “hay un ataque que no se veía desde la dictadura; la apertura de molinetes está protegida por la Constitución, pero se llevan a la gente presa. El jefe de gobierno quiere instaurar una dictadura fascista; no se puede protestar, nada, busca reprimir y perseguir a los trabajadores, y eso no lo vamos a permitir”.
A pesar de las diferencias de contexto, parece que la mediación y el diálogo del Estado, tanto nacional como porteño, para abordar conflictos sociales y gremiales están en vías de extinción. Esto se evidencia no solo en la represión desmedida del 15 de este mes durante la marcha federal de estudiantes, sino también en el ataque a los delegados del subte. Un indicio de la situación que se vive en un periodo preelectoral, en el que tanto el gobierno nacional como el porteño parecen compartir la estrategia de contener, incluso por la fuerza, cualquier reclamo social, gremial o político.
