Los sectores opositores al Gobierno acusaron que la decisión de devolver los proyectos a la comisión, sin especificar un plazo claro para su dictamen, es una estrategia “burda” para “cajonear” estas iniciativas.
“Los libertarios no esperaban el rechazo de los cordobeses”, comentó un legislador aliado al oficialismo, refiriéndose a un grupo dentro de Provincias Unidas. Sin embargo, los cinco legisladores alineados con el gobernador Martín Llaryora optaron por abstenerse en la votación que buscaba devolver los proyectos a la comisión. La votación finalizó con un resultado de 121 votos a favor y 117 en contra. Desde el peronismo señalaron que, si los representantes de Córdoba se oponían a la remisión a comisión, el proyecto oficialista no podría seguir adelante.
La propuesta de los libertarios eludía cualquier regulación en el mercado crediticio, como la imposición de topes a las tasas de interés, refinanciaciones o descuentos de intereses. En consonancia con la posición del presidente Milei, que considera el aumento del endeudamiento como “un problema entre privados”, el proyecto de La Libertad Avanza pretendía garantizar que los usuarios tengan acceso a la información detallada sobre el costo de un préstamo antes de aceptar. Para ello, estipulaba que las entidades financieras deben informar claramente el monto efectivo financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la morosidad y el total que el cliente deberá abonar.
Asimismo, los créditos solicitados por internet deberían contar con autenticación reforzada y doble validación de la identidad del consumidor y su aceptación de las condiciones. Las empresas estarían obligadas a proporcionar herramientas para corregir errores u omisiones antes de formalizar un contrato. Por último, el silencio, la inacción y las opciones predeterminadas no podrían considerarse como consentimiento.
“Imponer topes o regulaciones generaría una contracción en el crédito, como ocurrió con la Ley de Alquileres que solo agravó el problema”, habían señalado.
Por su parte, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y una parte de Provincias Unidas planteaban la declaración de una emergencia por 180 días, así como un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen el total de dos canastas básicas estimadas por el Indec. Esta refinanciación se basaría en la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25%, aplicable sobre el costo financiero total. Aquellos que se acojan al régimen de refinanciación podrían abonar en un máximo de 12 cuotas sin penalidades por cancelación anticipada, con cuotas que no excedan el 30% de sus ingresos. También se propone la eliminación de intereses punitorios para quienes ya están en mora.
La tercera propuesta provenía de los representantes de Argentina Federal: declaraba la emergencia social y económica en el ámbito del endeudamiento de consumidores financieros a nivel nacional durante un año, con posibilidad de prórroga. Este dictamen fijaba un límite a los intereses que pueden cobrar bancos y otras entidades de crédito, estableciendo que el tope sería 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días publicada por el Banco Central.
Adicionalmente, se crearía un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para aquellas personas que destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de deudas, que perciban hasta diez salarios mínimos. Esta iniciativa contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta un 35%, un plazo mínimo de 24 meses, con cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.
Durante el intercambio de ideas, los libertarios defendieron que el problema del endeudamiento se está solucionando sin intervención del Estado, argumentando que se originó por el incremento del crédito.
“El crecimiento exponencial del crédito ha incrementado la mora, pero también ha permitido que 4 millones de personas accedan por primera vez a un préstamo en Argentina”, afirmó la legisladora libertaria Silvana Giudici, quien luego propuso la moción de reenvío a comisión.
Al finalizar la sesión, diputados del peronismo manifestaron que sus pares libertarios admitieron que la intención era “cajonear” el proyecto. “Giudici es una embustera”, disparó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, refiriéndose a una de las principales figuras de LLA.
“El oficialismo no contaba con los votos para respaldar su propuesta inicial y debió solicitar que el proyecto regresara a comisiones, donde lo archivarán. LLA y sus aliados siempre quisieron que esta delicada situación quedara sin respuesta”, expresó el radical disidente Pablo Juliano.
