La propuesta oficial, que ganó apoyo en la comisión, incluye ajustes en los requisitos para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La versión ratificada en diciembre en el Congreso establecía límites estrictos, permitiendo la adhesión solo a quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a 10.000 millones de pesos. Expertos en tributación consideraron que tales restricciones dificultaban el acceso de muchos contribuyentes y solicitaron su eliminación.
Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, afirmó que suprimir estos umbrales es esencial para ampliar la base de beneficiarios. “Eliminar el límite de ingresos y patrimonios es sumamente necesario, ya que era la única manera de permitir que más contribuyentes accedieran al Régimen, quienes se encontraban imposibilitados de hacerlo”, expresó.
En cuanto a la identificación de discrepancias significativas, el proyecto refuerza los criterios utilizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar incongruencias en las declaraciones juradas. De acuerdo a Girardi, se establecen parámetros más específicos para determinar cuándo se considera que existe una discrepancia y se incorporan mecanismos para suavizar sus implicancias. “Por ejemplo, se establece qué ocurre si el contribuyente rectifica su declaración dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación o determinación de oficio y regulariza la diferencia correspondiente”, explicó.
La nueva redacción establece que la discrepancia se configura si ARCA detecta un aumento del impuesto determinado o una disminución de los quebrantos impositivos de un porcentaje no menor al 15 por ciento. Además, se introduce un umbral mínimo: aunque la diferencia reclamda sobrepase el 15%, no se aplicará la exclusión del régimen si el importe no alcanza el 5% del valor de evasión estipulado en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria. Esta medida fortalece la protección de la presunción de exactitud del régimen, ya que la carga de la prueba recae en ARCA, limitándose la información que puede usar para respaldarla.
Uno de los aspectos en los que el Gobierno cedió a la “oposición constructiva” fue en la posibilidad de que los funcionarios puedan retirar dólares no declarados. A raíz del escándalo que involucró al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su adhesión al RSG en medio de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, la administración decidió revisar su postura.
Si se aprueba el proyecto, los funcionarios podrán adherir al RSG, pero no tendrán la facultad de retirar los dólares del colchón. El dictamen menciona: “Los contribuyentes considerados Grandes Contribuyentes Nacionales, según la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como los funcionarios públicos contemplados en el artículo 38 bis de esta ley, podrán optar por la adhesión -o, en su caso, permanencia- a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, solo para presentar la declaración jurada y realizar el pago en término, si corresponde, bajo esta modalidad. En ningún caso dicha adhesión o permanencia implicará la aplicación de los demás efectos, presunciones ni beneficios estipulados en este régimen.”
La situación gira en torno a la conveniencia de avanzar con este punto en este momento y a su real impacto. Actualmente, la Ley de Inocencia Fiscal se encuentra en vigor, lo que habilita a cualquier funcionario a retirar dólares no declarados sin restricciones. Esta situación se mantendrá hasta que se apruebe un nuevo proyecto. Aun si la nueva ley es sancionada, sigue existiendo un interrogante: ¿qué impediría que un familiar de un funcionario retire esos dólares no declarados?
En lo que respecta al régimen de multas, el proyecto incorpora reducciones automáticas para ciertos contribuyentes y un esquema especial para sanciones formales previas. “El proyecto incluye reducciones para determinados contribuyentes y un régimen especial para multas formales anteriores. Esta modificación debe analizarse también a la luz de los altos montos que han alcanzado las multas tras las actualizaciones. Algunas sanciones formales hoy tienen importes muy elevados, especialmente para pymes y personas humanas, y el proyecto busca ofrecer mayor proporcionalidad y razonabilidad”, destacó Girardi.
Sebastián Domínguez, CEO de SCD Asesores Tributarios, sostiene que, aunque hay una mejora respecto a la situación actual con la reducción automática del 25% para personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, esta no revertiría completamente la situación. “Las multas por declaraciones juradas informativas son de $10 millones para una sociedad que no presenta un balance en PDF o se olvida de realizar una declaración jurada informativa. La reducción a $7,5 millones sigue siendo excesiva para una pequeña empresa o para una persona que tiene escasa actividad”, concluyó Domínguez.
