El Gobierno se encuentra a la espera de que el proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal II obtenga dictamen en la Cámara de Diputados. El caso de Manuel Adorni ha complicado las negociaciones para que esta iniciativa llegue al recinto, lo que genera incertidumbre entre los contribuyentes que no pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), especialmente con el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada del período fiscal 2025 a solo tres semanas de distancia.
Las modificaciones que se proponen en esta iniciativa buscan atraer los “dólares del colchón” y se centran en un aspecto fundamental: si el proyecto recibe aprobación del Parlamento, un mayor número de contribuyentes podrá inscribirse en la nueva modalidad simplificada.
En este contexto, el Ejecutivo ha decidido eliminar los requisitos de ingresos totales ($ 1000 millones anuales) y de patrimonio ($ 10.000 millones), lo que ampliaría las posibilidades de sumar más inscriptos antes del 27 de agosto. Además, los “Grandes Contribuyentes Nacionales” tendrían la opción de presentar la Declaración Jurada Simplificada, aunque sin acceder a los beneficios del efecto liberatorio del pago ni de la presunción de exactitud (tapón fiscal).
De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reportó que, al 27 de julio, 421.424 contribuyentes estaban adheridos al régimen simplificado, lo que representa un aumento cercano al 30% desde que se prorrogó el plazo para presentar las declaraciones juradas de Ganancias.
Sin embargo, el énfasis no debe recaer únicamente en el número de inscriptos, sino en aquellos contribuyentes que efectivamente pueden hacer su declaración a través del esquema simplificado. A mediados de julio, ARCA indicó que había más de 330.000 adheridos, de los cuales 170.115 habían presentado sus declaraciones. Sin embargo, 99.000 trámites se encontraban en estado de “borrador”.
“Contamos con algunas declaraciones juradas en stand by, pendientes de presentación. El pago se realizó en tiempo y forma, y aquellos contribuyentes que, por su facturación o patrimonio, no pueden por el momento adherirse al régimen están en espera de que el Congreso avale la posibilidad de que puedan hacerlo”, indicó Marcelo Rodríguez, contador y CEO de MR Consultores.
El profesional añadió que, considerando los tiempos legislativos, ve difícil que el proyecto sea aprobado tanto en Diputados como en el Senado y, además, que sea promulgado y reglamentado antes del 27 de agosto.
“En BDO estamos manejando muchos casos en esta situación. Hemos cargado las declaraciones juradas por el régimen simplificado, pero las mantenemos en borrador”, explicó Alberto Mastandrea, socio de Impuestos en BDO Argentina.
Las presentaciones en “borrador” no solo corresponden a aquellos contribuyentes que no cumplen con los requerimientos actuales de ingresos y patrimonio. “Tengo algunos casos que aún están por decidirse, pero que ya realizaron el pago. Solo queda formalizar la presentación. No tengo casos de aquellos que están excluidos por la ley actual y podrían ingresar con la nueva propuesta”, precisó Marcos Felice, contador y fundador del sitio “Blog del Contador”.
Por su parte, Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios, confirmó que están a la espera de avances en el tratamiento de la ley para definir cómo proceder con las presentaciones de sus clientes que, en este momento, no pueden inscribirse en el régimen. “Los casos que no pueden adherirse no fueron cargados como declaraciones juradas. No se optó por el régimen simplificado para esos casos, y tampoco se encuadraron en el régimen general. Así que están en papeles de trabajo, listas y terminadas, pero a la espera de la aprobación del proyecto para optar y presentarlas por el régimen simplificado”.
Si la ley no es sancionada, promulgada ni reglamentada antes del 27 de agosto, la gran preocupación de los especialistas es si el Gobierno considerará extender nuevamente el plazo para la presentación de la Declaración Jurada Simplificada.
De forma preliminar, el proyecto no previó modificaciones que permitan a los funcionarios públicos y sus familiares directos adherirse al esquema simplificado de Ganancias. Este aspecto adquirió relevancia luego de que el exjefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, se inscribiera en el régimen el 10 de junio, en medio de una investigación judicial relacionada con presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Recientemente, la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseveró en un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea que los funcionarios públicos quedarán excluidos del régimen. “No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí podrán hacer un blanqueo aquellos que durante años ahorraron en dólares en Argentina como forma de resguardo de valor”, afirmó.
La semana pasada, en una reunión informativa en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, enfatizó: “No se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una Declaración Jurada Simplificada”. Asimismo, Balestrini dejó claro que los funcionarios seguirán obligados a presentar sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).
