La sentencia efectiva, que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, no solo implica la privación de libertad y la inhabilitación para ocupar cargos públicos de forma perpetua, sino también el decomiso de bienes. Este proceso tiene como objetivo recuperar los 685.000 millones de pesos determinados por el fraude en 51 licitaciones irregulares, caracterizadas por sobreprecios promedios del 65% y métodos de pago exclusivos para el Grupo Austral.
Recientemente, la Cámara de Casación validó la decisión tomada por el TOF 2 en noviembre pasado de avanzar con el decomiso de 111 propiedades identificadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Aunque la ex presidenta y su familia presentaron un recurso ante el máximo tribunal para suspender esta ejecución, las autoridades judiciales sostienen que dicho recurso no impide la ejecución ya confirmada de los bienes de los nueve condenados, con el fin de comenzar a subsanar el fraude multimillonario.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su rol de presidente del TOF 2, ha requerido a diversas entidades, incluido el Registro de la Propiedad Inmueble, los informes sobre las 141 propiedades, la mayoría pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
El Ministerio Público Fiscal ha solicitado el decomiso de 141 inmuebles, de los cuales 13 son de sociedades pertenecientes a la familia Kirchner y 128 a sociedades asociadas a Lázaro Báez, además de 46 vehículos. Junto con un detallado listado de propiedades, los fiscales exigen el decomiso de 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, 992.134 dólares de una cuenta en el Banco Galicia y 53.280,24 pesos.
Este dinero es considerado por la justicia como no justificado en su origen lícito, en el marco de la causa Hotesur, donde Cristina y Máximo Kirchner están procesados por asociación ilícita y lavado de activos.
Las medidas impulsadas tienen como objetivo asegurar los bienes que el Ministerio Público identificó para su posible decomiso. Según información de fuentes judiciales, la mayoría de estas medidas ya han sido cumplidas, a excepción de algunos detalles, entre los que se destaca la información que debe proporcionar el Banco Galicia sobre el dinero embargado, es decir, los US$ 5 millones depositados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
La decisión de avanzar sobre estos fondos se basa en que, en noviembre pasado, el TOF 2 estableció que todos los bienes incorporados a los patrimonios de los condenados entre 2003 y 2015 serían susceptibles de ejecución, periodo durante el cual se desarrollaron las maniobras fraudulentas.
En esta nueva ronda de identificaciones por parte del Ministerio Público, se incluye el hotel Alto Calafate, que también está a la espera de documentación, el departamento en San José 1111, que es propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA, además de residencias en Río Gallegos y El Calafate, entre otros.
El listado contempla los dólares que Cristina Kirchner dejó a nombre de su hija Florencia y que, para el sistema judicial, provienen de maniobras de lavado de activos. El objetivo principal es cubrir el monto que los peritos contables de la Corte establecieron en 684.990.350.139,86 pesos, considerado por el fiscal Luciani como “la defraudación colosal a la Administración pública”.
El representante del Ministerio Público destaca que muchos de los condenados “muestran riquezas de una opulencia irrazonable y desproporcionada que hacen necesario iniciar el complejo proceso de recuperación de activos provenientes de actos de corrupción durante 12 años”.
Dado que el TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes adquiridos por los acusados entre 2003 y 2015, se está llevando a cabo la ejecución de 19 inmuebles que Cristina Kirchner heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales, considerados por la justicia como parte de su fortuna durante la administración fraudulenta.
Al presentar un nuevo pedido de decomiso, el fiscal Diego Luciani argumentó que “es fundamental que la Justicia demande el pleno cumplimiento de la ley a todos, para eliminar la impunidad de los corruptos y recuperar los activos provenientes de delitos”.
Luciani enfatizó que se trata de “la gran corrupción”, añadiendo que “es necesario reparar los daños ocasionados a la sociedad y restaurar la confianza en las instituciones públicas tras 12 años de un sistema que debilitó la democracia y los derechos de los más vulnerables”.
El máximo tribunal penal subrayó que no tiene sentido que el Estado imponga una condena y, al mismo tiempo, permita que los delitos sigan generando beneficios económicos. Resaltó que, aunque el decomiso es una consecuencia patrimonial, “es parte de la respuesta del Estado al delito y reafirma la vigencia de la norma violada”.
Así, la Cámara de Casación, al ordenar la ejecución patrimonial de los 111 inmuebles identificados por el Ministerio Público, sostuvo que el decomiso “no solo busca recuperar activos, sino también dejar en claro que quienes se beneficiaron de maniobras ilícitas no pueden retener las ventajas económicas obtenidas”.
La ejecución efectiva del decomiso, avalada por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, se basa en argumentos sólidos del Tribunal encargado de aplicar la pena en el caso Vialidad, sentando las bases para futuras decisiones sobre más propiedades de Cristina Kirchner, considerada la principal condenada en este expediente.
