Economía

Presiones por el Presupuesto: Donald Trump impulsa incremento del gasto en defensa en América Latina

Las aspiraciones fiscales del Gobierno libertario podrían enfrentar obstáculos si intenta atender las exigencias de Washington. De forma similar a lo que hizo con Europa a través de la OTAN, Donald Trump ha extendido su demanda a América Latina, instando a los países de la región a incrementar considerablemente su gasto en defensa. Esta solicitud fue reiterada recientemente en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que tuvo lugar en Cusco, Perú, donde una delegación de alto nivel del Departamento de Defensa estadounidense se dirigió a todos los representantes de la región. Según especialistas, esta presión responde a la creciente preocupación por el impacto del narcotráfico y el crimen transnacional en la seguridad hemisférica, que afecta incluso a Estados Unidos.

Asistentes al evento señalaron que el principal portavoz de Washington fue Elbridge Colby, Subsecretario de Guerra para Políticas, quien enfatizó que “es fundamental que inviertan más en su propia defensa”. Recordó que hay países en América Latina que destinan menos del 1% de su PBI a defensa, mientras que el promedio regional oscila entre el 1,2% y el 1,3%. Esta situación fue calificada como “una afrenta al sentido común”, especialmente para naciones que enfrentan amenazas narcoterroristas. Colby advirtió que “esto no solo nos afecta indirectamente; nuestra gente está muriendo en grandes cantidades a causa de las drogas que ingresan a nuestro país y la delincuencia que las acompaña”, argumentando también que el problema está relacionado con regímenes que han permitido el crecimiento del narcotráfico en las últimas décadas. Destacó el caso de Perú, que ha sumado recientemente nuevos aviones F-16, una medida que, según él, no solo potencia las capacidades del país, sino que también promueve la inversión y la actividad económica en la región. “Este es un modelo para nuestro hemisferio”, afirmó.

Colby contextualizó su mensaje dentro de lo que se ha denominado la “enmienda Trump a la Doctrina Monroe”, un enfoque que propugna la formación de una América fuerte, con socios “confiables y eficaces” que se encarguen de su propia defensa en lugar de depender de Estados Unidos. En ese marco, invitó a los países a seguir el ejemplo de Europa y otros aliados que han elevado su gasto militar al 3,5% del PBI, además de un 1,5% adicional en otros aspectos de seguridad. La propuesta estadounidense es clara: fomentar alianzas sólidas en lugar de dependencias.

En esta dirección, el ministro chileno, Fernando Barros, también se mostró a favor de esta carrera armamentista, subrayando que la cooperación internacional es fundamental para afrontar las amenazas transnacionales actuales como el narcotráfico, el tráfico de armas, los ciberataques y desastres naturales. Barros resaltó la importancia de la innovación tecnológica, la ciberdefensa y el fortalecimiento de la industria de defensa nacional. Es notable que Chile destina históricamente uno de los porcentajes más altos de la región a este fin, alcanzando aproximadamente el 1,6% del PBI, según estimaciones del Banco Mundial.

Sin embargo, para América Latina, alcanzar los estándares que Trump impone a sus aliados europeos supondría un aumento casi del 170% en relación al promedio regional, y del 285% considerando el objetivo de largo plazo de la OTAN. Cifras que sin duda impactarían en cualquier presupuesto público.

En Argentina, donde el Banco Mundial estima que se destina apenas el 0,6% del PBI al gasto en defensa, ajustarse al promedio actual requeriría duplicar esa inversión. Aumentar a los niveles europeos implicaría más de quintuplicar el gasto en defensa. Sin embargo, años de desinversión han llevado al deterioro de las capacidades defensivas, un proceso que demandaría años para ser revertido. Argentina experimentó su mayor gasto histórico en defensa en 1978 y 1979, cuando se asignaron 4,7 puntos del PBI. Desde 1960, el gasto ha fluctuado entre el 1,2% y el 2,7%. A partir de finales de los años 70, esa cifra se fue reduciendo hasta el 2% en los años 80 y desde entonces ha oscilado entre 1,1% y 1,5%, siempre en declive y por debajo del 1% en los tiempos recientes.

En la región, otros países presentan cifras distintas: Bolivia destina 1,4% del PBI a defensa, Brasil 1%, Chile 1,6%, Colombia 3,4%, Cuba 2,9%, Ecuador 2,2%, El Salvador 1,2%, Honduras 1,6%, México 0,9%, Paraguay y Perú 0,9%, y Uruguay 2,3%, entre otros. Cada nación cuenta con su propia historia y evolución en las últimas décadas. Argentina rememora tiempos donde operó un portaaviones, así como cruceros pesados y submarinos de diversas clases. Hoy, recuperar una flota acorde parece un desafío monumental. Aunque la guerra convencional se libra con drones, el extenso litoral marítimo argentino complica la vigilancia y defensa. No obstante, las cuentas fiscales, aunque presenten superávit, restringen la posibilidad de invertir en la modernización del material militar. Cualquier aumento de gasto en defensa requeriría un recorte en otro rubro, hecho que también afecta a la educación, infraestructura y otras áreas esenciales.

Por lo tanto, si Argentina busca alinearse con Washington y elevar el gasto en defensa a los niveles solicitados, será necesario realizar ajustes en su presupuesto. Cabe recordar que, en mayo pasado, el Gobierno, tras anunciar un programa de modernización de las Fuerzas Armadas, decidió recortar cerca de 50.000 millones en partidas de Defensa, lo que resultó en la falta de fondos para programas críticos de reequipamiento y adquisiciones, afectando la implementación del Plan de Modernización.

Otro de los puntos importantes que emergió durante la conferencia, que reunió a 38 delegaciones, con la participación de 18 ministros o viceministros, fue la necesidad de incrementar el intercambio de inteligencia y la cooperación entre países aliados. Aunque la XVII CMDA actúa como un foro multilateral dirigido por los ministerios de Defensa y no por el Comando Sur de Estados Unidos, muchos de sus ejes de discusión, como la lucha contra el crimen organizado, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas, coinciden con las prioridades de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de la administración Trump. Al mismo tiempo, la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur, se enmarca como una estrategia para fortalecer la vigilancia y la lucha contra las redes de narcotráfico en la región. De este modo, se establece una convergencia estratégica donde la CMDA busca construir consensos políticos y cooperativos, mientras que la Operación Lanza del Sur actúa como una herramienta operativa de Estados Unidos para abordar los mismos desafíos de seguridad.