La iniciativa es impulsada por la diputada de Fuerza Patria, Romina Barreiro, quien argumenta que la creación de estos beneficios es una manera de saldar “una deuda histórica y moral” con dicho colectivo. “Merece el reconocimiento institucional y social, y que se haga justicia”, resaltó.
El proyecto cuenta con el apoyo de diversas agrupaciones, y según trascendió, en las últimas horas el espacio de diversidad de La Cámpora también expresó su apoyo a esta propuesta.
La medida, que procura avanzar en la Legislatura bonaerense, propone una pensión equivalente a cinco sueldos básicos y medio de un trabajador estatal de la Provincia en su primer cargo, y contemplaría también la cobertura médica a través de IOMA.
Podrán acceder a este beneficio aquellas personas que cuenten con más de 40 años y que hayan padecido violencia institucional, definiendo como tales las detenciones, sanciones o multas relacionadas con su identidad de género, así como las privaciones de la libertad.
“Las bajezas más terribles ocurrieron en las sombras de los calabozos, donde se llevaron a cabo prácticas crueles, inhumanas y degradantes. Muchas personas travestis y trans fueron reducidas a la esclavitud, humilladas y sometidas a la violencia sexual más aberrante, todo esto perpetrado por agentes del Estado y en dependencias estatales”, afirmó la legisladora en defensa de su proyecto.
Barreiro, quien es parte de la agrupación La Eva Perón y del Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, señala que el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia sería el organismo encargado de implementar el beneficio y supervisar su funcionamiento.
El proyecto también contempla que estas pensiones sean compatibles con otros trabajos remunerados o reparaciones, pero se excluye la posibilidad de recibir el beneficio simultáneamente con otras asignaciones del Estado nacional, de la Ciudad o de otras provincias que estén destinadas por la misma causa.
“La vida y la existencia misma de estas personas se vieron alteradas continuamente, dado que no podían realizar actividades en comunidad sin enfrentar la amenaza de detenciones y abusos de autoridad. La sistematicidad reflejada en los prontuarios evidencia el nivel de hostigamiento que sufrían las víctimas, quienes enfrentaban una cotidianidad insoportable”, subrayó Barreiro en sus declaraciones.
