La estrategia propuesta incluye iniciativas ya anunciadas y otras que están en desarrollo. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es uno de los ejes más destacados, en la cual, según manifestó el Presidente, colaboran equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Fuentes cercanas a la Casa Rosada señalaron que uno de los cambios más relevantes en estudio sería dotar al banco de un esquema institucional comparable al de otros países de la región, donde la dirección del organismo disfruta de mayor estabilidad y no queda sujeta a los cambios de administración. “Como Perú”, precisaron.
Entre las modificaciones que evalúa el Gobierno también se incluye la revisión de las reformas implementadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Dentro de este marco, se considera restringir o eliminar la facultad del Banco Central para otorgar adelantos transitorios al Tesoro, un mecanismo que se ha utilizado para asistir al Estado mediante la emisión monetaria.
Otro de los puntos en análisis es la utilización de reservas internacionales para el pago de la deuda pública, facultad que fue habilitada por la reforma de la carta orgánica en 2012. El equipo económico busca reducir la discrecionalidad en el uso de esos recursos y fortalecer el rol del Banco Central como autoridad monetaria independiente.
Esta reforma respondería a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional emitidas en mayo pasado, cuando instó a la Argentina a reforzar la independencia del BCRA, avanzar hacia un sistema cambiario más flexible y disminuir la dependencia de la política monetaria como herramienta de estabilización.
Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno propone una reforma política que no solo busca eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), sino también introducir cambios en la ley orgánica de los partidos políticos, en el financiamiento de campañas electorales y en la implementación de la Boleta Única de Papel.
Desde la administración sostienen que las primarias representan un gasto innecesario para el Estado, argumentando que, en la práctica, han funcionado más como una “gran encuesta nacional” que como un verdadero mecanismo de selección de candidaturas. Además, consideran que el sistema ha debilitado la identidad de los partidos y ha favorecido las disputas internas de las coaliciones.
La reforma también busca endurecer los requisitos para la creación y mantenimiento de partidos políticos. Entre las modificaciones, se aumentarían las exigencias de afiliados y representación territorial para conservar la personería jurídica, en consonancia con la intención oficial de reducir la proliferación de agrupaciones partidarias sin estructura sólida.
Otro aspecto contemplado en el proyecto está relacionado con el financiamiento electoral. El Gobierno pretende limitar los aportes públicos destinados a campañas y mejorar los mecanismos de control sobre los gastos de los partidos. Además, se introducirían restricciones a la contratación de asesores extranjeros durante las campañas electorales.
Dentro de las reformas, también se propone incluir la Ficha Limpia al régimen electoral nacional, con el objetivo de impedir que puedan ser candidatos aquellos dirigentes que tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. Este punto ya había generado intensas disputas parlamentarias en años anteriores y vuelve a ser parte del paquete de reformas políticas del oficialismo.
A su vez, el Ejecutivo busca avanzar sobre el régimen de Zona Fría, que otorga tarifas diferenciales de gas a millones de usuarios. Cree que el sistema actual necesita modificaciones para optimizar la focalización de subsidios y reducir el gasto público, alineándose con la política de equilibrio fiscal promovida por la gestión de Milei.
Otro de los proyectos prioritarios es la modificación de la ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa busca profundizar el esquema aprobado meses atrás para ofrecer mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y disminuir la litigiosidad en materia tributaria, lo que el oficialismo considera que podría contribuir a mejorar el clima para la inversión y la formalización de la economía.
La definición de esta agenda se produce en un momento crucial para el Gobierno. Con la salida de Adorni ya concretada y el recambio de vocería resuelto, la Casa Rosada busca reorientar su atención a las reformas de gestión y demostrar que la crisis política no alterará el rumbo de sus iniciativas principales.
