Según se ha informado, se mantendrá el nomenclador de prestaciones y los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad, aunque con condiciones más restrictivas. Estas modificaciones han sido objeto de negociación entre el oficialismo y los bloques de oposición dispuestos al diálogo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Las negociaciones están lideradas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza, que lidera el tratamiento del proyecto en el ámbito legislativo.
Este miércoles, se llevará a cabo un encuentro a las 16:00 en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, con la presencia de Rodríguez Machado y la diputada Silvana Giudici, para desbloquear la redacción del dictamen, con la esperanza de que se firme en la jornada y que el proyecto sea debatido en sesión posteriormente. Se prevé la asistencia de Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nancy Picón (Producción y Trabajo), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y representantes de Elijo Catamarca, MID y Unidos.
Dentro del oficialismo, existe un ambiente de cautela, dado que “cualquier giro inesperado podría desestabilizar las negociaciones”. La propuesta que se discutirá esta tarde será examinada en la reunión de Mesa Política programada para la misma jornada a las 13:00 en la Casa Rosada.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es el único miembro de este círculo clave que no podrá participar; la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ha señalado que él es responsable de introducir “cambios inconsultos” en el proyecto de Presupuesto para 2027, lo que generó un escándalo al incluir retrocesos significativos en materia de discapacidad. A pesar de esto, durante la última semana se han reactivado canales informales entre los negociadores políticos y los referentes del área económica buscando un acuerdo.
Como resultado de la controversia del proyecto presupuestario de la semana pasada, se produjo la renuncia del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. Este comunicó su decisión al ministro de Salud, Mario Lugones, alegando “razones estrictamente personales”, tras haber asumido el cargo hace más de un año en medio de un escándalo por corrupción.
No obstante, desde el Gobierno aún no consideran que su renuncia esté concretada. “Para que se materialice debería estar Javier Milei en el país”, indican. Vilches habría tomado esta decisión después de meses de presión, sintiendo que los recientes cambios en el nomenclador y criterios de asignación para los programas de ANDIS fueron un punto de inflexión. Sin embargo, se menciona que en varios despachos oficiales se sostiene que Vilches permanecerá en su puesto y que su renuncia no será aceptada.
El Gobierno busca resolver la cuestión relacionada con la discapacidad con prontitud, especialmente ante la inminente visita del papa León XIV. La primera actividad que realizará en el país será una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que asiste a miles de personas con discapacidad y que actualmente enfrenta problemas con los pagos.
Fernando Montero, director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo, expresó que la institución está sufriendo un desabastecimiento de insumos vitales como medicamentos y pañales, resultado de la interrupción de ciertos programas nacionales. Asimismo, señaló que “durante 2024 y 2025 se congelaron los aranceles”, provocando una reducción del 30 a 35% en su valor real debido a la inflación.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la restitución del nomenclador de prestaciones, que establece los precios mínimos que deben recibir los prestadores de servicios. Su eliminación propuesta en el Presupuesto Nacional 2027 generó una gran alarma en el sector y fue calificada como una “bomba” por Bullrich.
La discusión se centra no solo en la reincorporación del nomenclador, sino en las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo su actualización: el Presupuesto planteaba ajustes trimestrales a criterio de la Secretaría de Discapacidad, mientras que el nuevo proyecto propone actualizaciones bimestrales vinculadas a la inflación, en contraste con la revisión mensual actual relacionada con el IPC.
Otro cambio significativo es el endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad; el texto del proyecto aún no ha resuelto un tema delicado: la compatibilidad del beneficio con un trabajo registrado, un aspecto que el Presupuesto pretende que sean incompatibles. Los aliados han dejado en claro que solo respaldarán el proyecto si se regulariza la deuda acumulada con los prestadores desde diciembre de 2024. Mientras tanto, la oposición, liderada por el bloque de Unión por la Patria, ha solicitado que las comisiones traten de manera unánime la prórroga de la emergencia vigente este miércoles, mientras que el oficialismo se esfuerza por presentar su propuesta como una solución definitiva.
