El Senado también anunció su intención de fortalecer las capacidades de vigilancia y resguardo en la zona austral. Sin aludir de forma directa al conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, la declaración, respaldada por cinco senadores, hizo hincapié en el régimen de “libre navegación y comercio” establecido por los tratados vigentes, especialmente el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Este pronunciamiento fue firmado el lunes en Punta Arenas por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y los senadores Rodolfo Carter, Ximena Órdenes, Gastón Saavedra y Karim Bianchi, en el contexto de la conmemoración de los 183 años de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes.
Su postura refuerza la idea de que los buques británicos y de las Islas Malvinas no deberían enfrentar restricciones. Además, se enfatiza la importancia de que los residentes de Punta Arenas y la Región de Magallanes puedan continuar sus actividades comerciales “de manera libre y expedita”, tal como lo han hecho hasta ahora, lo que representa una preocupación para Argentina, que observa la situación con recelo.
Esta semana, Punta Arenas recibió a 40 representantes de empresas que operan en las Islas Malvinas, abarcando sectores como construcción, comercio minorista, gastronomía, turismo y servicios marítimos, en un evento respaldado por el intendente local, Claudio Radonich, conocido por su postura favorable hacia el Reino Unido en el conflicto por Malvinas.
Desde Punta Arenas también se está promoviendo la ruta naviera de la empresa Easter Island Naviera (EIN/EIL), que aspira a abastecer a la industria petrolera que se espera desarrolle su actividad a partir de 2028, como anticipan las empresas Navitas y Rockhopper, ahora en la mira de la administración de Javier Milei.
La declaración subraya que “el Estrecho de Magallanes forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el control y la soberanía exclusiva de Chile, dentro de los límites establecidos por los tratados vigentes”, y que su “gobierno, administración y resguardo corresponden al Estado de Chile, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales”.
La respuesta chilena fue impulsada por erróneas afirmaciones realizadas por el brigadier argentino Gustavo Valverde, el canciller Pablo Quirno y el ministro Carlos Presti, quienes mencionaron un supuesto control compartido del Estrecho de Magallanes, lo que generó protestas tanto civiles como militares en Chile.
En reacción, las fuerzas armadas chilenas llevaron a cabo grandes ejercicios de disuasión en el Pacífico, frente a Punta Arenas, lo que generó significativas imágenes mediáticas. El presidente José Antonio Kast, presionado por sectores nacionalistas, visitó el Estrecho de Magallanes, y el vicepresidente Claudio Alvarado, al igual que los legisladores, también estuvo presente en la conmemoración de la toma de posesión. Este gesto es poco habitual, ya que tales actos son normalmente liderados por autoridades locales.
Chile exigió aclaraciones que fueron proporcionadas por Presti y Quirno, quienes reafirmaron la soberanía chilena sobre el Estrecho. Quirno también asistió a un evento reciente por la fiesta nacional, donde fue recibido por el embajador Gonzalo Uriarte Herrera, evitando declaraciones a la prensa con el apoyo de un fuerte dispositivo de seguridad.
A nivel general, el gobierno de Milei buscó reducir la tensión, con Kast emitiendo igualmente una declaración en la que Chile reconoció el reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.
La reacción chilena se produce en un contexto donde ha vuelto a estar en cuestión el Decreto 457 de 2021, emitido durante la gestión de Alberto Fernández, en el que se incluía al Estrecho de Magallanes como parte de los “espacios compartidos” que debían manejarse de manera conjunta. Antes de la visita de Milei a Chile, el canciller chileno, Francisco Mackenna Penna, había indicado que el nuevo gobierno tenía la intención de derogar dicho decreto, aunque esta acción no se concretó.
El lunes, Paulina Núñez destacó desde Punta Arenas el carácter unitario de la declaración, subrayando que representa una señal de unidad institucional y recalculando que “como presidenta del Senado, junto a senadores de manera transversal, hemos venido a ratificar no solo el control y la soberanía exclusiva de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, sino también a recordar el derecho que tienen los habitantes de Punta Arenas y de la zona austral a comerciar de manera libre y expedita”. Agregó que “ese derecho no admite interpretaciones que desnaturalicen el régimen establecido en los tratados ni dilaciones en su cumplimiento”.
El senador Rodolfo Carter enfatizó el impacto del régimen del Estrecho en la actividad económica local, afirmando que “Punta Arenas y la Región de Magallanes tienen el derecho a comerciar libremente con el mundo. El Estrecho es un espacio sometido a un régimen jurídico establecido en tratados internacionales que garantizan la libre navegación”.
No obstante, el pronunciamiento chileno no se limitó a una reafirmación jurídica de la soberanía, ya que los senadores también notificaron que durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027 buscarán prestar más atención a las necesidades de la zona austral y fortalecer las capacidades estratégicas para la vigilancia y resguardo de los espacios soberanos. Según el documento, el objetivo es asegurar “el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile, de conformidad con los tratados vigentes”.
