Esta decisión fue anunciada por el secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, tras el reclamo del gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para intentar detener las operaciones de extracción en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La confirmación de la autorización provino de Nativas, una compañía israelí que participa en el desarrollo del yacimiento junto a la británica Rockhopper. De acuerdo con los planes de las empresas, se espera que las perforaciones inicien a principios de 2027.
Según información trascendida, el gobierno del Reino Unido planea comunicar oficialmente al Parlamento esta decisión, a pesar de las objeciones presentadas por las autoridades argentinas.
El Gobierno argentino ha solicitado una medida cautelar con el fin de impedir que dichas actividades se desarrollen en la zona. Este anuncio surge después de que Buenos Aires estableciera un plazo para que Londres interrumpiera el inicio o la continuación de las actividades relacionadas con Sea Lion, cuyo vencimiento el pasado lunes llevó a la presentación de un nuevo reclamo judicial internacional.
La decisión de proseguir con la explotación petrolera también suscitó críticas dentro de la política británica, aunque por motivos que difieren de los expuestos por Argentina. El vocero de energía del Partido Conservador, Andrew Bowie, cuestionó la postura del Gobierno laborista y denunció una contradicción entre la autorización para operar en Malvinas y las restricciones a la actividad hidrocarburífera en otras áreas bajo jurisdicción británica.
Bowie calificó la postura de Miliband como una “absoluta hipocresía” y se preguntó: “¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”.
El dirigente conservador mostró su apoyo al desarrollo del proyecto, pero criticó las discrepancias entre la política energética aplicada a las islas y la que se aplica en el Mar del Norte.
En septiembre, el Ejecutivo británico, dirigido por el primer ministro Andy Burnham, había anticipado que cualquier nueva licencia para la exploración o explotación de hidrocarburos en las Malvinas debía contar con la aprobación de Miliband.
La autorización que se ha dado ahora permite que las empresas implicadas en Sea Lion avancen con sus planes, mientras el conflicto diplomático y legal con Argentina continúa.
Previo a la revelación de la decisión británica, el Gobierno argentino había anunciado una presentación ante el TIDM para impedir la realización de actividades petroleras en la región.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, se indicó que se solicitó “una solicitud de medidas provisionales para detener la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Esta presentación se llevó a cabo tras la expiración del plazo que Argentina había otorgado a las autoridades británicas para cesar las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino explicó que esta acción legal busca preservar los derechos soberanos del país sobre su plataforma continental y prevenir que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
Desde el Gobierno argentino, se han calificado de unilateral e ilegal las acciones del Reino Unido en la zona. Las autoridades sostienen que las autorizaciones británicas para la explotación de recursos naturales en el área en disputa infringen los derechos que Argentina reivindica sobre las islas y su entorno marítimo.
Por este motivo, la estrategia oficial busca obstaculizar el avance de las operaciones mientras se desarrolla el procedimiento internacional abierto contra el Reino Unido.
La fundamentación de su presentación se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que regula los derechos y obligaciones de los Estados en relación con los espacios marítimos.
La Oficina del Presidente precisó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”.
El recurso judicial se apoya específicamente en el artículo 290, inciso 5, que permite solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral.
El comunicado oficial establece que la solicitud “se fundamenta en lo previsto en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite a cualquiera de las partes en la controversia solicitar al Tribunal que imponga medidas provisionales para proteger los derechos de las partes o prevenir daños severos al medio ambiente marino, si la situación así lo requiere”.
Este marco jurídico habilita la posibilidad de una intervención urgente para salvaguardar los derechos de las partes o evitar posibles daños ambientales mientras se resuelve el procedimiento pertinente.
Sin embargo, esta presentación argentina no implica necesariamente que las perforaciones queden suspendidas automáticamente. Para que ello ocurra, el tribunal deberá evaluar la solicitud y determinar si corresponde adoptar las medidas solicitadas.
De esta forma, el conflicto por Sea Lion incorpora una nueva dimensión judicial a la histórica disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, que la ONU reconoce como una controversia pendiente entre Argentina y Reino Unido.
Con el inicio de las perforaciones programado para principios de 2027, el Gobierno argentino buscará lograr una resolución internacional que frene el avance de las actividades, mientras Londres reafirma su decisión de continuar con el desarrollo petrolero en el archipiélago.
