El inicio de la sesión, a cargo de Martín Menem, tuvo lugar a las 12:20, con la presencia de 132 diputados de diversas agrupaciones: La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo y bloques provinciales, incluyendo a representantes de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).
Por su parte, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los radicales no alineados con la alianza con Milei, el socialismo, la Coalición Cívica y los tucumanos cercanos a Osvaldo Jaldo decidieron no participar del quórum.
El debate comenzó con uno de los temas más controvertidos del día: el dictamen que el bloque violeta denominó “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, diseñado como una estrategia para frustrar la extensión de la ley de Emergencia en Discapacidad promovida por la oposición, que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre.
Presentando la propuesta como una opción “mejorada”, las diputadas Silvina Giudici y Laura Rodríguez Machado elaboraron un dictamen que recoge elementos fundamentales de la ley de Emergencia pero propone su finalización.
Esta iniciativa genera descontento en la Casa Rosada. Según trascendió, el gobierno evaluaría un “veto parcial” en caso de que la propuesta logre media sanción en el Senado, buscando alcanzar un punto intermedio entre el dictamen y el contenido del capítulo VI del presupuesto 2027. Sin embargo, los bloques aliados advirtieron sobre esta posibilidad al oficialismo en la Cámara baja, que desestimó la idea, aunque persiste una incertidumbre entre los propios y quienes buscan dialogar: “Nunca se sabe con la Casa Rosada”.
Además, este miércoles se abordará el proyecto de Educación Financiera, una iniciativa del bloque violeta que busca desviar la atención de los planes de desendeudamiento familiar. Este proyecto no ofrece soluciones a la morosidad de los hogares argentinos, sino que impone a bancos y fintechs la obligación de proporcionar información clara y accesible sobre tasas de interés y costos asociados antes de otorgar un crédito.
La Cámara de Diputados también tratará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye artículos relacionados con la extranjerización de la tierra.
Este proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, llega al recinto tras importantes modificaciones acordadas entre el oficialismo y sus aliados, realizadas como parte de una estrategia para respaldar el DNU 70/23. Los artículos 38 y 39, que devuelven vigencia a la Ley de Tierras original, de no ser votados como un capítulo completo, podrían ser aprobados por unanimidad en el hemiciclo. El Artículo 38 propone la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el 39 restablece la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011, revirtiendo así la desregulación que permitía a los extranjeros aumentar la compra de tierras rurales.
Si se obtienen los votos necesarios, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será enviado nuevamente al Senado para su respaldo o rechazo respecto a los cambios realizados.
El orden del día también incluirá un proyecto para establecer un sistema obligatorio de trazabilidad de medicamentos, desde la materia prima hasta su aplicación en pacientes, así como alertas de posibles irregularidades.
Otro tema que se someterá a debate es un proyecto del sector agropecuario que propone endurecer las sanciones contra el vandalismo rural y otro que sugiere la transferencia gratuita a Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.
