La información fue oficializada a través de la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial este martes.
La responsabilidad del proyecto recaerá sobre Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina, que solicitó su adhesión el 18 de agosto de 2025. El yacimiento, ubicado a aproximadamente 3300 metros sobre el nivel del mar, contempla una explotación a gran escala que se extenderá durante 23 años.
Según datos proporcionados por la empresa, la inversión total se erige en US$6.393.631.995, de los cuales US$3.310.574.165 son considerados activos computables dentro del régimen vigente.
El cronograma de trabajo prevé que la construcción inicie el 1° de noviembre de 2027 y que las operaciones comiencen el 1° de octubre de 2031. El plan aprobado prevé la explotación de unas 780 millones de toneladas de mineral, con una producción que se desarrollará a lo largo de 23 años.
En base a las proyecciones incluidas en la resolución, el emprendimiento tiene como objetivo obtener, durante su vida útil, una producción promedio anual de cerca de 160.000 toneladas de cobre contenido en concentrado, junto con oro, plata y molibdeno asociados. En el ámbito del comercio exterior, la empresa planea exportar 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, así como unas 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno durante el periodo de explotación.
Estas cifras corresponden a las estimaciones aportadas por la empresa y no se traducen en volúmenes de producción concretados. La inclusión en el RIGI permitirá que Minera Agua Rica acceda a atractivos incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios estipulados en la Ley 27.742.
Dentro de las decisiones adoptadas, el Ministerio de Economía ha aprobado un listado de bienes que la empresa podrá importar bajo las franquicias previstas por el régimen. Asimismo, se ha instruido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que designe una identificación tributaria especial para el proyecto y aplique los beneficios correspondientes, mientras que el Banco Central implementará los incentivos cambiarios establecidos por la normativa.
La compañía ha manifestado que destinará US$111,6 millones a activos computables en el primer año y US$659,9 millones en el segundo, a contar desde la notificación de la resolución, lo que implica un desembolso comprometido de US$771,5 millones para los primeros dos años. Además, se ha establecido el 31 de diciembre de 2028 como la fecha límite para la inversión mínima en activos computables.
Otro aspecto relevante del expediente es el desarrollo de proveedores, donde la empresa ha declarado que el 54% del total destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura será asignado a proveedores locales, superando así el mínimo del 20% exigido por el régimen.
Sin embargo, el texto de la resolución no detalla el número de puestos de trabajo directos e indirectos que generará el proyecto, aunque menciona que la compañía ha presentado estimaciones al respecto.
La adhesión al RIGI quedó formalizada con fecha del 30 de septiembre de 2026, momento en que la empresa completó la documentación requerida. Finalmente, el Ministerio de Economía ha encomendado a la Secretaría de Minería la supervisión y control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa durante la ejecución del proyecto.
