Las restricciones impuestas a las negociaciones paritarias por el Ejecutivo desde la asunción de Milei, con el fin de frenar la inflación, han resultado en un estancamiento del poder adquisitivo y una disminución de la actividad económica. Las familias se encuentran cada vez más endeudadas, mientras que el incremento de los precios se hace inevitable, especialmente con un aumento en octubre de casi el 11 por ciento sobre los salarios. La canasta básica ha crecido un 56 por ciento en un año, mientras que la inflación alcanzó el 33 por ciento en el mismo período.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Milei, justifican la disminución de los salarios afirmando que es necesario evitar una indexación generalizada de la economía. Sin embargo, el Producto Bruto Interno (PBI) se ha reducido y su distribución se ha vuelto cada vez más desigual durante la gestión actual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en comparación con el segundo trimestre del año, la participación de la remuneración al trabajo asalariado en el Valor Agregado Bruto (VAB) se desplomó al 42,9 por ciento: una caída de 4,2 puntos respecto al primer trimestre y de 2,43 puntos comparado con el mismo período de 2025.
Mientras tanto, el excedente de explotación bruto, que representa las ganancias empresariales, llegó al 44,7 por ciento del VAB y creció un 2,8 por ciento interanual. Así, la transferencia neta de recursos desde los trabajadores hacia el capital superó los 10,3 billones de pesos en la primera mitad de 2026, equivalentes a unos 6.800 millones de dólares, con una proyección anual que sobrepasa los 27,3 billones de pesos.
La disminución de la masa salarial, causada por paritarias estancadas y tarifas sin control, impacta directamente en las ventas y en el mercado interno. Los trabajadores destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de productos básicos y, si logran ahorrar, suelen utilizar esos fondos para obras de construcción o entretenimiento, los principales motores de la economía.
De acuerdo a un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se encontraba en agosto un 3,9 por ciento por debajo de los niveles de diciembre de 2025. Este enfriamiento afecta sobre todo al comercio mayorista y minorista, que experimentó una caída real del 18,95 por ciento en su valor agregado interanual, restando decenas de billones de pesos a la actividad económica general. Por su parte, la industria manufacturera acumula una retracción del 12,40 por ciento en términos reales, afectada por la caída de la demanda interna y la apertura comercial, mientras que solo los sectores relacionados con la provisión de servicios públicos y la energía han visto aumentos significativos alimentados por los incrementos de tarifas.
La reducción en la participación de los asalariados en el VAB y la erosión de los ingresos reales han situado a las familias en una situación donde el costo de vida absorbe una parte cada vez mayor de sus ingresos mensuales. El IAG ha estimado que el peso relativo de una canasta básica de servicios públicos pasó de representar el 6 por ciento de un salario del sector privado registrado al 11 por ciento. Esta política económica ha llevado a que, a lo largo de los primeros meses de 2026, un 47,7 por ciento de los hogares necesitara recurrir a sus ahorros, incurrir en deudas o vender bienes personales para cubrir sus gastos corrientes.
En 2023, la participación de los salarios representaba aproximadamente entre el 45 y el 46 por ciento del VAB. Con un descenso al 42,9 por ciento a mediados de 2026, la masa salarial ha perdido entre 2 y 3 puntos porcentuales de la riqueza total. Esta diferencia acumulada representa una transferencia anualizada al sector empresarial de entre 15 y 20 billones de pesos en comparación con el cierre de la gestión anterior.
En 2016, al comienzo del mandato de Mauricio Macri, la proporción de ingresos para los trabajadores se situaba cerca del 51,8 por ciento. Desde entonces, la contracción hasta la mitad de 2026 ha sido de casi 9 puntos porcentuales. De mantener los trabajadores actualmente la misma proporción de ingresos que en 2016, estarían recibiendo anualmente más de 80 billones de pesos adicionales, o más de 50.000 millones de dólares, que han pasado del trabajo al capital.
Comparado con los años 2010-2011, cuando los salarios alcanzaron uno de sus picos más altos desde el regreso de la democracia, con un 54 por ciento, la diferencia con la actual administración es de 10 puntos porcentuales. Esto significa que la participación de los trabajadores ha caído más del 20 por ciento en términos relativos.
La combinación de paritarias estancadas para limitar los incrementos salariales y un esquema de precios desregulados ha dado lugar a una regresiva transferencia de ingresos. La disminución de la porción del VAB destinada al trabajo asalariado ha destruido el consumo masivo y paralizado la industria enfocada en el mercado interno. El salario, como única variable de ajuste “para que la macro funcione”, ha contribuido a llevar la economía hacia la depresión, con consecuencias sociales que requieren una atención inmediata.
