El primer aspecto de la reforma busca reorganizar la estructura de los juzgados federales mediante la modificación de la ley de Organización de la Justicia Federal. Según lo que ha trascendido, el plan contempla reducir de 12 a 8 los juzgados de primera instancia en Comodoro Py y de 13 a 9 los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal después de la Corte Suprema.
La eliminación de estos cargos, así como vacantes en los fueros laboral y criminal nacional, tiene como objetivo aliviar una parte significativa del presupuesto judicial, reducir la acumulación de causas pendientes y redistribuir el poder dentro de los juzgados.
Desde el Ministerio de Justicia se considera la posibilidad de transferir a las provincias los fondos resultantes de la reducción de cargos, además de avanzar en el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, un fuero que representa aproximadamente el 30% del presupuesto general del Poder Judicial de la Nación.
El segundo eje de la reforma se centra en la ley del Consejo de la Magistratura, entidad responsable de la designación y remoción de jueces. El proyecto que el equipo de Mahiques está desarrollando busca retirar a la Corte Suprema de la integración del Consejo y reducir la cantidad de representantes de jueces, abogados, académicos y legisladores.
Este cambio se produce a raíz de un fallo de la Corte de diciembre de 2021, que declaró inconstitucional la ley del 2006 que había limitado el cuerpo a 13 miembros, rompiendo el equilibrio que exige la Constitución. Ante la falta de nueva normativa, se reestablecieron temporalmente las condiciones previas, con una integración de 20 miembros, donde el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, preside de manera provisoria.
El proyecto propulsado por el Gobierno busca regular esta instancia bajo sus propios términos, con un cuerpo más reducido y sin la intervención de la Corte en las decisiones sobre designaciones y remociones de magistrados.
Fuentes judiciales del Gobierno han indicado que parte de la reforma está en etapas avanzadas y se espera su envío en el corto plazo, aunque aún no se ha definido un nombre para el proyecto. Se aclaró que se enviarán en términos separados en cuanto a la forma, pero no necesariamente sobre los tiempos.
En relación con el Código Penal, la estrategia ha cambiado desde principios de año. En lugar de seguir un esquema excesivamente amplio, se ha optado por proponer reformas parciales basadas en el texto vigente desde 1921, con el fin de evitar que un proyecto demasiado extenso quede detenido en el Congreso.
Los desacuerdos iniciales sobre el formato de la reforma habían generado demoras, pero ahora se busca enviar una versión general acordada de alrededor de 300 artículos, en lugar de los 900 originales. Proximidades a Mahiques sostienen que el retraso en el envío se debe a la secretaria Legal y Técnica, quien ha actuado en representación de un asesor.
El paquete penal prevé un enfoque de interpretación “pro víctima”, que exige ponderar más los derechos de las víctimas en el proceso penal. Además, se contempla un endurecimiento de las penas para delitos urbanos, como las “viudas negras”, los motochorros, las salideras bancarias y las entraderas, que podrían incluir escalas penales de hasta doce años de prisión, con agravantes para casos de vulnerabilidad.
También se introducirá nuevas figuras delictivas relacionadas con delitos informáticos y estafas.
Los tres proyectos tienen su origen en el Ministerio de Justicia, aunque no necesariamente siguen un mismo calendario legislativo. La reforma de los juzgados depende considerablemente de acuerdos presupuestarios con gobernadores, mientras que la modificación del Consejo de la Magistratura se enfrenta a un debate técnico sobre el equilibrio constitucional. En cuanto al paquete penal, requerirá un consenso político más amplio en un año electoral.
La prioridad del Ejecutivo radica en cubrir vacantes en juzgados y fiscalías. Hasta la fecha, se han enviado 203 pliegos al Senado, consistentes en 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces. De estos, 96 han sido designados y 85 esperan acuerdo parlamentario. La meta es alcanzar unas 300 postulaciones antes de finalizar el año y reducir la vacancia del 35% al 27%.
Un tema que el Gobierno maneja con particular cautela son los juzgados con competencias electorales en las provincias. En este caso, la retención del envío de pliegos se debió a su importancia en cuestiones políticas sensibles, como la conformación de listas y la personería de los partidos.
Esta situación está por cambiar: desde el Ministerio de Justicia afirmaron que en los próximos días se enviarán al Senado los primeros candidatos para cubrir esas vacantes electorales, en paralelo con las negociaciones por el resto de la agenda judicial a nivel provincial.
