El objetivo de esta presentación es lograr un fallo que confirme que Recalde puede ser designado nuevamente en el organismo encargado de seleccionar y destituir jueces federales y nacionales, justo en el momento en el que se debe definir la composición del cuerpo para el período 2026-2030.
El reclamo del peronismo no surge de la nada. Semanas atrás, Diego Barroetaveña, un consejero del propio Poder Judicial, había conseguido de manera independiente una medida cautelar que le asegura poder presentarse para su reelección en representación de los jueces. Mayans basó su estrategia en esta situación previa: pidió unificar su causa con la de Barroetaveña para que un mismo juez decidiera ambas situaciones aplicando el mismo criterio, evitando así que la Justicia favoreciera a uno y no al otro bajo la misma norma. Este planteo, sin embargo, no tuvo éxito, ya que el juez entendió que se trata de casos distintos, con protagonistas y estamentos diferentes. Ante esta situación, el bloque decidió no resignarse a la jurisdicción que le correspondía y comenzó a buscar una alternativa.
En el fondo de este conflicto se encuentra un vacío legal que el Congreso aún no ha logrado resolver. Desde 2021, diversos fallos de la Corte Suprema han dejado en un limbo jurídico cuál versión de la ley que regula el Consejo de la Magistratura está realmente en vigencia. La legislación original, promulgada en 1997, permitía la reelección consecutiva por una única vez de los consejeros. Las reformas posteriores habían limitado la reelección a un mandato con la condición de que existiera un intervalo.
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de estas reformas en 2021 y ordenó que la normativa original recobrara vigencia, lo que alteró completamente la configuración del Consejo de la Magistratura.
La incertidumbre sobre si las reelecciones están, o no, habilitadas es lo que aprovechan, cada uno por su cuenta, Diego Barroetaveña, las consejeras por los abogados Jimena De la Torre y Fernanda Vázquez, Mariano Recalde y los diputados del sector kirchnerista Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, otra representante del peronismo en el Senado, no enfrenta impedimentos para continuar en su cargo debido a que comenzó su mandato después de los demás.
En julio, el juez de lo Contencioso Administrativo N° 6, Enrique Lavié Pico, hizo lugar a la solicitud de Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura que se abstuviese de impedir su participación como candidato a consejero en la elección de este año para el estamento de los magistrados. Sin embargo, posteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la medida cautelar que beneficiaba a Barroetaveña hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
A raíz de la jugada de Barroetaveña, y durante la feria judicial de invierno, De la Torre, Vázquez, y los legisladores peronistas Recalde, Tailhade y Siley —en realidad, las presentaciones fueron realizadas por los jefes de sus respectivos bloques, el senador Mayans y el diputado Germán Martínez— decidieron presentar recursos similares, argumentando que existía “conexidad” con la situación de Barroetaveña.
Sin embargo, Lavié Pico desestimó la “conexidad” y remitió los amparos a otros jueces. Según su fallo, Barroetaveña es un consejero en ejercicio que reclama un derecho personal: su habilitación para postularse como candidato en representación del estamento de los jueces en un proceso electoral regido por un reglamento específico que prevé la elección mediante el voto de los magistrados.
Para el magistrado, Mayans compareció como líder de un bloque legislativo, pidiendo no un derecho propio, sino una atribución institucional de su cargo: la de proponer e integrar la lista de representantes del bloque ante el Consejo, respecto a un tercero (Recalde) que ni siquiera es parte del proceso. Por ello, Lavié Pico envió el expediente al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 9, a cargo de Pablo Cayssials, que era el que correspondía si no había conexidad.
En el recurso de apelación presentado este viernes, Mayans incluyó la recusación del juez Cayssials, buscando que el magistrado quede automáticamente apartado de la causa y que el expediente pase al juez que continúe en el orden de turno.
En diversos sectores políticos existe desconfianza en torno a las verdaderas motivaciones del peronismo. Se sospecha que su estrategia judicial no busca únicamente obtener la declaración de certeza que permita continuar a sus legisladores como consejeros en la Magistratura, sino que también pretende entorpecer el camino de Barroetaveña.
Asimismo, se busca enviar una señal a sus cuatro consejeros —Recalde, Fernández Sagasti, Tailhade y Siley— en un momento en que el actual mapa legislativo anticipa que el peronismo probablemente perderá dos asientos.
Incluso, algunos integrantes del Consejo de la Magistratura sugieren que la declaración de certeza solicitada por el peronismo podría ser una mera puesta en escena, dado que, a diferencia de las representaciones de los jueces, abogados y académicos, los representantes del Parlamento no son elegidos, sino designados. Por lo tanto, no tendrían impedimento legal para que el Senado y Diputados los nombren nuevamente.
Los mandatos de todos los involucrados finalizarán en noviembre.
