La presentación fue realizada por miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, quienes argumentaron que el proyecto, identificado como Mensaje N° 43-2026, debería ser evaluado también en función de sus posibles efectos institucionales y fiscales.
Los legisladores identificaron tres aspectos clave del proyecto que, a su juicio, requieren una mayor atención. En primer lugar, se refirieron al gasto tributario vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según su análisis, el Gobierno prevé un superávit primario de $15,4 billones para 2027, equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI, aunque este resultado no incluiría el costo fiscal de los beneficios tributarios contemplados por el régimen.
Los diputados calcularon que el gasto tributario del RIGI podría llegar a los u$s3.359 millones anuales una vez que el régimen esté en plena ejecución, lo que representaría aproximadamente 0,49 puntos del PBI.
El segundo tema abordado en la presentación se centra en la Jurisdicción 91, correspondiente a “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. El proyecto de presupuesto contempla para esa jurisdicción $14,8 billones, en comparación con los $5,6 billones que el Gobierno estima ejecutar durante 2026.
En este contexto, los legisladores de Unión por la Patria enfatizaron el programa 99, denominado “Otras Asistencias Financieras”, que prevé alrededor de $7,7 billones. Según indicaron, esa partida carece de metas físicas y un criterio de distribución definido en el proyecto, lo que podría otorgar al Ejecutivo un amplio margen de maniobra para su asignación durante la ejecución del presupuesto.
Cabe destacar que la jurisdicción 91 no representa un ministerio ni un organismo con estructura propia, sino que actúa como una categoría presupuestaria dentro del ámbito de Hacienda, concentrando obligaciones y transferencias que pueden ser redistribuidas a lo largo del ejercicio fiscal. Algunos de estos recursos pueden destinarse a financiar empresas públicas o reforzar partidas en diversas áreas ante necesidades presupuestarias.
El tercer cuestionamiento se refiere a la inversión financiera neta. Los diputados señalaron que el Presupuesto 2027 proyecta unos $17,4 billones frente a los $9,8 billones previstos para 2026, lo que implica casi el doble en términos nominales.
Desde la óptica del bloque opositor, esta tendencia sugiere que una parte considerable de los recursos financieros disponibles podría ser destinada a inversiones financieras temporarias, depósitos en bancos u otros instrumentos financieros. Los legisladores pusieron en duda la viabilidad de este mecanismo junto a menores asignaciones para ciertas políticas públicas.
Finalmente, en su carta, Unión por la Patria también abordó el papel del FMI en el contexto del programa económico argentino, recordando que la entidad realiza revisiones periódicas del desempeño macroeconómico y participa en la definición y ajuste de metas cuantitativas acordadas con el Gobierno.
