La mediación está programada para el 11 de junio, y los ministros deberán especificar los plazos y métodos para llevar a cabo las obras. Su participación es considerada “insustituible”. Además, la querella, a cargo del Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, también ha sido convocada por el juez.
La audiencia, que se llevará a cabo el mes próximo, es resultado de una orden emitida por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, tras revocar un embargo millonario que había sido impuesto sobre la provincia como responsable de la contaminación, señalando a la empresa Aguas de Buenos Aires S.A., perteneciente al Ministerio de Infraestructura, como principal culpable.
El juez Recondo tuvo que anular el embargo en cumplimiento de una directiva de la Sala III de la Cámara, compuesta por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin. No obstante, la Cámara afirmó que “La situación de contaminación se halla prima facie acreditada”.
Además, resaltó que “La inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión” en el dictamen que instó a Recondo a realizar la audiencia entre la provincia y la querella para avanzar en un plan de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gasto y el Río Santiago, que desembocan en el Río de la Plata.
Los análisis han mostrado que este río está “prima facie” contaminado con materia fecal, como se ha verificado en estudios realizados en las costas cercanas a la región capital, donde cerca de un millón de personas vierten sus desechos cloacales. Además, en las cercanías se recoge agua destinada al uso urbano.
Se estima que las obras necesarias para el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales, que corresponden a la provincia bonaerense, requieren un mínimo de 270 millones de dólares. El gobierno de Kicillof ha argumentado que necesita financiamiento internacional, el cual está estancado a falta de avales del gobierno nacional.
ABSA, la empresa responsable, ha admitido que la descarga de efluentes se produce prácticamente sin tratamiento y ha presentado diferentes propuestas de obras. La firma reconoció en un documento presentado a la causa judicial en 2021 que “solo el líquido cloacal proveniente de La Plata recibe un tratamiento antes de ser volcado al río, aunque el mismo ni siquiera alcanza, hoy en día, una efectividad del 5% de remoción de DBO y DQO”.
El juez Recondo, que sigue la causa desde 2020, al convocar la audiencia, destacó que la provincia tiene conocimiento de las medidas que debe adoptar desde hace más de tres años y que tiene las competencias necesarias para implementar las obras: “Resulta evidente, a esta altura del proceso, que la imposibilidad de ejecutar”.
