“Avanzaron solos”, afirmó un funcionario cercano al equipo económico en referencia a la conducción de la discusión parlamentaria. Desde ese sector, se comunica que el texto final no recibió la validación del Ministerio de Economía ni de las otras áreas clave que intervienen en la delimitación jurídica y sanitaria de la propuesta.
Colaboradores de Karina Milei reconocen la situación y aseguran que ya se encuentran en conversaciones con el Ministerio de Economía para obtener su apoyo. “Por ahora están en que lo vetan si sale así. Vamos a arreglar igual, pero a Javier y a Toto no les gustó”, explicaron fuentes del oficialismo, dejando en claro que la definición aún está en construcción.
Este conflicto subraya los problemas de coordinación que el Gobierno ya había señalado previamente en la discusión sobre Discapacidad. En la Casa Rosada entienden que el texto parlamentario fue elaborado sin un acuerdo previo entre todas las áreas involucradas y ahora buscan evitar que las diferencias se conviertan en un enfrentamiento público.
La postura de Javier Milei, según funcionarios familiarizados con su posición, se alinea más con los cambios propuestos en el Presupuesto 2027. Este documento había sugerido modificaciones en el esquema de prestaciones y pensiones, lo que generó cuestionamientos entre los aliados del oficialismo y llevó a reabrir las negociaciones.
El nuevo dictamen ha tomado un rumbo diferente. La Libertad Avanza logró obtener 42 firmas, frente a 36 del despacho opositor en la plenaria de Discapacidad y Presupuesto, contando con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Esto permitirá que el texto oficialista sea considerado en primer lugar cuando el tema sea abordado en el recinto.
La propuesta busca sustituir la declaración de emergencia por un régimen permanente y mantiene diversos puntos solicitados por los aliados: pensiones no contributivas, cobertura médica, compatibilidad con ciertos ingresos laborales, universalidad del nomenclador, actualización de aranceles y un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores.
Uno de los ejes cruciales es la actualización de las prestaciones. El dictamen mantiene la referencia al artículo 7 bis de la Ley 24.901, que establece un mecanismo de ajuste periódico, a diferencia del proyecto de Presupuesto que planteaba la eliminación de este esquema. Esta contradicción entre ambos textos es un aspecto que el oficialismo necesita resolver antes de avanzar.
Desde el Gobierno sostienen que las áreas técnicas aún no han validado el proyecto en su forma actual. La intención del sector político es prevenir que las diferencias resulten en una situación en la que diputados de La Libertad Avanza aprueben una ley que posteriormente sea rechazada por el propio Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, la Casa Rosada está considerando cómo modificar o reestructurar el texto antes de la sesión. Desde el sector que responde a Karina Milei aseguran que mantienen comunicaciones con Economía y confían en llegar a un acuerdo. “No hubo coordinación, pero vamos a arreglar. Estamos dialogando para que no haya problemas de vuelta”, señalaron.
Este episodio también reaviva las diferencias respecto al funcionamiento de la mesa política. Funcionarios cercanos al equipo económico critican que las discusiones internas no terminen de ordenar las decisiones legislativas y advierten que la desconfianza entre los sectores complica la manifestación de las posturas reales antes de proceder.
Otro grupo del Ejecutivo busca reducir la tensión y destaca que el objetivo político es sacar el conflicto relacionado con la Discapacidad de la agenda. “Hay que dejar de tener quilombo por este tema”, señala un funcionario, quien recuerda el malestar provocado por las diferencias públicas que expuso la discusión del Presupuesto.
La intención de la conducción parlamentaria es llevar el tema de Discapacidad a sesión durante la primera mitad de octubre, junto a otros proyectos que el oficialismo busca impulsar antes del debate del Presupuesto. Además, se trabaja para incluir iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar, así como avanzar con el paquete relacionado con Malvinas.
El dictamen fue presentado como una herramienta para evitar que la oposición imponga su agenda y para prorrogar la emergencia vigente. El oficialismo consiguió el respaldo de diversos bloques dialoguistas, aunque varios de esos aliados manifestaron reservas sobre el financiamiento y exigieron que los compromisos también se reflejen en el Presupuesto.
La prioridad inmediata de la Casa Rosada es cerrar diferencias internas antes de llegar al recinto. El sector político continúa negociando con Economía, Salud y Legal y Técnica para encontrar una redacción que cuente con el respaldo de todo el Ejecutivo. Mientras esta unificación no se logre, en el Gobierno reconocen que el dictamen que obtuvo mayoría en Diputados aún no representa una posición cohesiva de la administración.