Contrariamente, el gobierno de Milei decidió conceder una extensión al padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, quien no posee la misma trayectoria que Irurzun. Situaciones similares se habían dado anteriormente, como con la jueza de Casación Ana María Figueroa durante la gestión de Cristina Kirchner, aunque dicho episodio estuvo marcado por un escándalo político e institucional.
Para algunos, esta facultad del presidente es discrecional y puede ser utilizada para favorecer a jueces allegados. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció en contra de Irurzun, sosteniendo que no puede seguir en su puesto tras alcanzar los 75 años, límite establecido por la Constitución Nacional.
Los magistrados de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, están listos para votar. De esta manera, Irurzun ha permanecido un mes en una ambigua situación institucional, sin firmar resoluciones ni acudir a su despacho en Comodoro Py, a la espera de la decisión del máximo tribunal.
En este contexto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aguarda. Si la Corte adopta el criterio de Casal, podría dejar una vacante más en la Cámara Federal, un órgano clave en la Justicia argentina, encargado de ratificar procesamientos por corrupción de políticos. A su vez, emergen voces que piden la continuidad de Irurzun.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, recordó recientemente: “la base de las causas por corrupción contra Cristina Kirchner y muchos de sus funcionarios la dieron los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani durante el mismo gobierno de los Kirchner. Y ahora parece que todos se olvidan”.
Desde 2003, Cristina Kirchner y sus principales colaboradores han impulsado múltiples pedidos de juicio político contra Irurzun y han promovido denuncias judiciales que no prosperaron. El motivo se relaciona con las decisiones del juez, que mantuvo abiertas investigaciones de corrupción relevantes durante los gobiernos kirchneristas, a pesar de las constantes presiones políticas.
Antes de convertirse en uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py, Irurzun, en su calidad de juez de instrucción, investigó la conexión argentina de la denominada Tangentopoli italiana, estuvo a cargo de la causa que resultó en la condena del ex jefe de Montoneros, Mario Firmenich, y tomó parte en casos de gran relevancia, como la prohibición de un aviso en respaldo a Videla y la investigación del secuestro y asesinato del financista Osvaldo Sivak.
Irurzun también procesó al dictador Jorge Rafael Videla y a su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, por el secuestro de los hermanos Gutheim. Fue ascendido por Menem a la Sala II de la Cámara Federal, en una maniobra política que buscaba distanciarlo de la investigación de miembros del gobierno. Sin embargo, desde su nueva posición continuó emitiendo fallos significativos en causas de derechos humanos y corrupción.
Uno de sus fallos más relevantes fue el reconocimiento del derecho a la verdad de los familiares de desaparecidos, en un contexto donde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como los indultos de Menem, parecían haber cerrado la puerta a la persecución de crímenes de la última dictadura.
En esa línea, ratificó procesamientos contra miembros de la Armada vinculados a secuestros y desapariciones relacionadas con la Iglesia de la Santa Cruz, incluyendo a dos monjas francesas. También confirmó el procesamiento del ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, por los delitos de la Triple A.
A finales de los años 90, Irurzun avaló el procesamiento por asociación ilícita que habían promovido el juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli contra Menem y varios de sus funcionarios por la venta ilícita de armas a Ecuador y Croacia, desoyendo las presiones de los funcionarios del entonces presidente y las amenazas en torno a la investigación. También tuvo un rol activo en la causa conocida como la Mafia del Oro.
A pesar de su buena relación con la Unión Cívica Radical, no dudó en confirmar el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa en el caso de los sobornos a senadores del PJ para la aprobación de una ley de reforma laboral, aunque posteriormente el tribunal oral lo absolvió.
La trayectoria de Irurzun ha pasado por diversos gobiernos y partidos, manteniéndose como una figura constante. Cuando el kirchnerismo se consolidó, su estilo de decisión no varió. En 2017, en un contexto de fuerte cuestionamiento por parte del poder político hacia los jueces que investigaban a funcionarios kirchneristas, avaló la prisión preventiva del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Este fallo dio origen a la denominada “doctrina Irurzun”, que considera el poder residual de los ex funcionarios como un riesgo para el desarrollo de las investigaciones.
No obstante, el juez no innovó en la legislación, sino que aplicó un artículo del Código Procesal Penal que muchos evitan usar, en un entorno donde la aplicación de prisión preventiva en causas de delitos de “cuello blanco” era poco frecuente.
En la causa Vialidad, que culminó con la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión, Irurzun confirmó el procesamiento por asociación ilícita y fraude contra el Estado. Asimismo, participó en la investigación de Lázaro Báez y la llamada Ruta del Dinero K.
Sin embargo, una causa que ilustra la dimensión política de sus resoluciones es la investigación por el encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, conocida como “el Pacto con Irán”, la cual se inició a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Irurzun confirmó los procesamientos en esa investigación, incluyendo el de Cristina Kirchner, y también se involucró en las decisiones judiciales relacionadas con los acusados del asesinato de Nisman.
