Este régimen está dirigido a inversiones que superan los USD 1.000 millones, enfocándose principalmente en áreas como la inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada y centros de datos.
La Fundación destacó que para lograr un crecimiento sostenido es imprescindible que la inversión represente cerca del 25% del PBI. Sin embargo, Argentina rara vez ha superado el 20% en las últimas dos décadas, ubicándose recientemente en apenas el 16% del PBI.
El déficit es evidente en la Inversión Extranjera Directa (IED), que, salvo en años excepcionales, no ha alcanzado el 3% del PBI y se proyecta que en 2025 apenas logrará el 0,5%. Este panorama contrasta visiblemente con Chile y Brasil, que alcanzan el 3,7% y el 3,4%, respectivamente, en el mismo período.
“La baja inversión no tiene una causa única. No son problemas de un sector o de un tipo de inversión; son fallas sistémicas del entorno institucional que afectan a toda la economía”, aseguró la Fundación Mediterránea.
Se identificaron como causas principales la volatilidad macroeconómica, el cepo cambiario, impuestos distorsivos como derechos de exportación, ingresos brutos y sellos, así como la inseguridad jurídica y una política comercial restrictiva.
En comparación, la Tasa Interna de Retorno (TIR) varía entre los diferentes esquemas de incentivos. Se estima que un hipotético proyecto de inversión tendría un TIR del 6% bajo el régimen general, 6,6% con beneficios de la reforma laboral, 6,8% con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), 11,1% con el RIGI y 12,4% con el Súper RIGI.
La entidad consideró que para establecer un ambiente propicio para la inversión es fundamental mantener el proceso transformador iniciado hace 2 años, a través de las siguientes medidas:
Es necesario consolidar un entorno más favorable para la producción. “Hasta ahora se han logrado avances importantes, pero son parciales e insuficientes para revertir los crónicos déficits en inversión. La acumulación de distorsiones hace que este proceso sea extremadamente desafiante, requiriendo perseverancia, cambios disruptivos y tiempo para su maduración”, enfatizó.
Explicaron que el RIGI ha cumplido con éxito su objetivo de incentivar inversiones en los sectores para los que fue creado, especialmente en energía y minería. “Sin embargo, no puede actuar como una herramienta que dinamice de manera general la inversión”.
Por su diseño, el RIGI carece de la capacidad necesaria para alterar el patrón de inversión que ha prevalecido en las últimas décadas, dado que su función se limita a promover y hacer viables proyectos en nichos determinados.
Como aspecto positivo del Súper RIGI, subrayaron que no genera costo fiscal, ya que “las exenciones y reducciones de alícuotas son sobre impuestos que no se recaudarían si el proyecto no se ejecuta”. Además, no produce pérdidas cambiarias, dado que “la libre disponibilidad de divisas se refiere a divisas que no se generarían si el proyecto no se lleva a cabo”.
El compromiso de mantener las condiciones tributarias y establecer canales especiales para controversias se justifica, siempre que “se trate de proyectos que de otra manera no se ejecutarían”.
Entre las desventajas, se menciona que la existencia de regímenes especiales “eleva los costos administrativos tanto para el Estado como para las empresas”. Cuanto más complejas son las normativas, mayores son los costos y riesgos asociados a desvíos y discrecionalidades.
Las empresas podrían ver incentivada su participación en estos regímenes, y el Súper RIGI incluye “disposiciones expresas anti-elusión”, que buscan evitar que modifiquen artificialmente sus proyectos solo para calificar para los beneficios fiscales, reconociendo así ese riesgo.
La entidad sugirió priorizar reformas generales y ajustar los regímenes especiales a la estrategia inicial de que el RIGI actúe como una herramienta que adelante condiciones que se generalizarán conforme avance el proceso de transformaciones estructurales.
“Agregar nuevas capas de excepciones que aumentan las inequidades y la complejidad administrativa no es recomendable. En particular, no se justifica la creación de un nuevo régimen con características finales muy similares al RIGI. Aun más, cuando no se modifican sustancialmente los beneficios especiales”, concluyó el documento.
“Muchos de los objetivos que se pretenden alcanzar con el Súper RIGI podrían lograrse mediante una mejora en el diseño y aplicación del RIGI existente, priorizando la búsqueda de herramientas que permitan aprovechar las ventajas de Argentina, en lugar de sumar excepciones sobre un sistema que ya enfrenta grandes déficits institucionales”, finalizó la Fundación Mediterránea.
