El plan elaborado por el Gobierno implica la fragmentación de la empresa estatal en distintos componentes: la venta del material rodante a través de un remate público, la concesión de las vías y los inmuebles adyacentes, así como la utilización de los talleres ferroviarios. Cada uno de estos componentes contará con contratos y obligaciones específicas, orientadas a la modernización de la infraestructura y el aumento de la capacidad de transporte.
El pliego sigue un esquema de tres grandes líneas que se gestionarán de manera independiente: Belgrano, San Martín y Urquiza. Cada red será licitada con un paquete propio de vías, talleres y material rodante, lo que permitirá que diferentes grupos se enfoquen en corredores concretos según su perfil de negocio, ya sea agroexportador, minero o logístico-industrial.
En particular, para el Belgrano, que es la red más extensa, la concesión abarcará más de 7.700 kilómetros de vías que cruzan 15 provincias, conectando las zonas productivas del NOA y NEA con los puertos del Gran Rosario.
El corredor San Martín es clave para el transporte de granos, combustibles y productos industriales, mientras que el Urquiza enlaza la Mesopotamia con Misiones y la frontera con Brasil.
Un aspecto fundamental del diseño es la creación de un fideicomiso destinado a gestionar los fondos recaudados por la venta de locomotoras y vagones. Este mecanismo financiero tendrá como único objetivo financiar las obras de infraestructura que deberán realizar los concesionarios en las vías adjudicadas, asegurando así que los recursos no se desvíen a otros presupuestos y se utilicen para mejorar efectivamente la red.
Las proyecciones oficiales estiman un plan de obras ferroviarias que requerirá alrededor de USD 800 millones, incluyendo renovación y duplicación de vías, rehabilitación de ramales inactivos, renovación total de puentes y alcantarillas, modernización de sistemas de señalización y telecomunicaciones, electrificación en ciertos tramos, mejoras en los pasos a nivel, y el desarrollo de nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobras.
Este paquete de obras se complementa con la ampliación del RIGI al sector ferroviario. Este régimen, diseñado para proyectos que superen los USD 200 millones, ofrece estabilidad fiscal, beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de establecer reglas claras a largo plazo. Aunque su uso será opcional para las concesiones del Belgrano Cargas, estará limitado a las inversiones en infraestructura ferroviaria y logística asociada.
Quedarán excluidos de este régimen los gastos de mantenimiento y conservación rutinaria, que seguirán siendo responsabilidad del concesionario. El RIGI se aplicará solo a proyectos que impliquen renovación, sustitución, transformación o construcción de nueva infraestructura que aumente verificablemente la capacidad del sistema.
Para acceder a este régimen, los pliegos exigen que el plan de inversión supere los USD 200 millones y que se ejecute dentro de los plazos establecidos. A cambio, el concesionario podrá beneficiarse del RIGI durante el período de vigencia del régimen, que se estima entre 20 y 30 años, dependiendo de la línea y el paquete otorgado.
La licitación también aborda la situación de 40 locomotoras y 1.180 vagones que están prendados a la firma China Machinery Engineering Corporation, que financió obras anteriores y tomó esos activos como garantía. El pliego se ha ajustado para incorporar este material a los contratos de forma que evite conflictos de propiedad y garantice su disponibilidad operativa.
El proceso ha generado interés entre grandes actores del agro y la minería, así como grupos internacionales especializados en operaciones ferroviarias. Se mencionó a Grupo México, que opera ferrocarriles de carga en su país y ha mostrado disposición a invertir aproximadamente USD 3.000 millones con la condición de que sus proyectos puedan ser acogidos al RIGI y cuenten con garantías de estabilidad regulatoria.
Sin embargo, la opción de Grupo México había perdido fuerza por las demandas al Gobierno para asegurar previsibilidad en las operaciones y mayores garantías legales. Tras la reciente decisión del Estado de implementar el RIGI para atender las peticiones de la empresa mexicana, el Grupo ha decidido reafirmar su interés, asociándose con la firma estadounidense Wabtec.
También están activos traders agrícolas, empresas mineras con proyectos en litio y cobre en el NOA, y operadores logísticos que consideran que el Belgrano Cargas es fundamental para optimizar costos de transporte y mejorar su competitividad en las exportaciones. La combinación de subastas de material rodante, concesiones de vías y los beneficios del RIGI presenta un atractivo paquete de incentivos para atraer inversiones a largo plazo.
Entre los interesados, se destaca el Consorcio Agroindustrial y Cerealero, que incluye a varias empresas líderes del sector, que están colaborando en proyectos conjuntos para gestionar formaciones propias y asegurar transporte hacia sus terminales portuarias.
Igualmente, algunas compañías con contratos en prórroga, como Ferroexpreso Pampeano S.A., Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca, están considerando participar en la compra de material rodante y operar bajo el régimen de peajes.
Además, se observa a operadores de la región, incluidas corporaciones dedicadas al transporte de graneles en Brasil, analizando con interés el corredor de la Línea Urquiza.
El cronograma oficial prevé que los pliegos definitivos se cierren en las próximas semanas, con la apertura de ofertas hacia finales de año y una adjudicación estimada para abril o mayo de 2027. Posteriormente, los nuevos concesionarios deberán iniciar la implementación de los planes de obra comprometidos, bajo la supervisión estatal y con el fideicomiso como fuente de financiamiento complementaria.
En el ámbito de la logística nacional, la privatización del Belgrano Cargas y la integración del RIGI al esquema ferroviario intentan transformar una red con escasa utilización y deterioro en un sistema eficiente capaz de movilizar mayores volúmenes a costos reducidos, interconectando corredores productivos, puertos y nodos industriales. El éxito de esta iniciativa dependerá de la calidad de los proyectos presentados, la capacidad de ejecución de los concesionarios y la consistencia regulatoria del Estado en los próximos años.
