Esta iniciativa fue presentada por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse y ha obtenido un dictamen mayoritario en la Comisión de Legislación General, presidida por el propio Aignasse, con el respaldo de cuatro legisladores del oficialismo y uno de la oposición, lo que la hace apta para ser tratada en la sesión de la Legislatura tucumana.
El proyecto establece una “Medida Cautelar Digital” específica para actuar contra publicaciones que se consideren calumniosas o injuriosas, las cuales deben ser “manifiestas, inequívocas y acreditadas”. Esta medida no solo se aplicaría a las redes sociales, sino que también incluiría periódicos digitales, portales web y otros medios de comunicación en línea.
Si el proyecto es aprobado en el recinto, un juez penal provincial tendrá que decidir sobre el pedido en un plazo máximo de seis horas, y sin necesidad de escuchar al autor del contenido o al medio afectado. En caso de que determine que se cumplen con los requisitos establecidos por la ley, podrá ordenar la eliminación, bloqueo o desindexación de la publicación en cuestión.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de evitar la “nueva difusión del mismo contenido”, una cláusula que ha suscitado cuestionamientos por sus posibles efectos en la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
La propuesta, que fue aprobada el mes pasado, introdujo algunas modificaciones a su versión original, aunque su estructura fundamental se mantiene. Uno de los cambios más significativos fue la exención de este mecanismo para los funcionarios públicos.
De esta forma, quienes ocupen cargos electivos por voto popular, así como los funcionarios de los tres poderes del Estado hasta el nivel de director, no podrán recurrir a este procedimiento. Esta modificación responde a las críticas que alertaron sobre el posible uso de la norma para restringir investigaciones periodísticas o críticas a la gestión pública.
Se eliminó el artículo que establecía un período de vigencia inicial de diez días para la medida cautelar, aunque se mantuvieron los puntos esenciales de la iniciativa, que prevé un trámite ágil, resolución en menos de seis horas y la posibilidad de actuar sobre contenidos en medios digitales.
Asimismo, el proyecto incluye una cláusula que obliga al juez a rechazar el pedido de medida cautelar si existe una duda razonable sobre si el contenido en cuestión representa una opinión, crítica o información de interés público.
El proyecto fue presentado inicialmente en febrero por tres legisladores peronistas vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo: Gerónimo Vargas Aignasse, Roque Argañaraz y Sergio Mansilla, quien es presidente subrogante de la Legislatura tucumana. Desde entonces, ha sido discutido en la Comisión de Legislación General, donde obtuvo un dictamen favorable el mes pasado gracias al apoyo de cuatro legisladores peronistas y uno de La Libertad Avanza.
Entre los que votaron a favor se encuentran Gerónimo Vargas Aignasse, su prima María Carolina Vargas Aignasse, y otros dos legisladores del oficialismo, Sara Assán y Christian Rodríguez. El legislador José Macome de La Libertad Avanza, a pesar de ser parte de la oposición, también apoyó el proyecto tras las modificaciones, lo que facilitó que la iniciativa llegara al recinto y sumara apoyos más allá del peronismo.
El legislador de la oposición Walter Berarducci, del bloque Compromiso Tucumán, criticó el proyecto oficial, advirtiendo que, de ser aprobado, transformaría al juez en “un órgano de control de contenidos”. “El juez penal pasa a decidir qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse, función ajena a la jurisdicción penal. Este mecanismo solo busca censurar los contenidos sin debate previo, algo que atenta contra la democracia, que se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”, expresó Berarducci.
Por su parte, Gerónimo Vargas Aignasse defendió la propuesta al afirmar que no se trata de una forma de censura, sino de “poner un límite a la difamación” y advirtió que las redes sociales a veces permiten que información falsa se difunda rápidamente, causando daños difíciles de reparar.
La discusión se trasladará al recinto de la Legislatura tucumana en los próximos días, donde se evaluará si las modificaciones realizadas alcanzan para resolver las inquietudes respecto al potencial impacto que esta ley podría tener sobre la libertad de expresión, el uso de redes sociales y la labor periodística en medios digitales.
