Este debate, que data de hace años, se ha reavivado debido al proyecto minero Vicuña, ubicado en San Juan, que necesita transitar por territorio riojano para su abastecimiento. En abril, la justicia local suspendió las operaciones del proyecto por 30 días y cerró accesos estratégicos en La Rioja, al considerar que no se había presentado el Estudio de Impacto Ambiental necesario.
Ante esta situación, Quintela reafirmó sus cuestionamientos. El proyecto de ley busca confirmar que el acuerdo limítrofe firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue perjudicial para los intereses territoriales de La Rioja. Según el gobierno provincial, dicho acuerdo significó un “despojo” de terrenos que les pertenecían históricamente y que actualmente poseen un gran valor por sus recursos minerales e hídricos.
El decreto-ley 18.004, vigente desde diciembre de 1968, define los límites entre ambas provincias a partir de un pacto firmado por interventores militares. Sin embargo, en 1973, la Legislatura de La Rioja aprobó una ley que desconocía la validez de dicho acuerdo.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados de La Rioja facultará a la Fiscalía de Estado a “impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para proteger los intereses” de la provincia en las áreas en disputa.
A este conflicto histórico se suma un componente económico, ya que en los últimos años la cordillera de San Juan se ha posicionado como uno de los principales polos de desarrollo cuprífero del país, con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y, especialmente, el distrito Vicuña.
Las acciones que podría emprender la Fiscalía de Estado tienen como objetivo salvaguardar recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros en la zona en cuestión.
El gobernador Orrego, al retomar el conflicto, publicó un comunicado en el que subrayó: “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos.” Sin embargo, es importante señalar que esta norma fue firmada por Onganía y Guillermo Borda, quien en ese momento ocupaba el cargo de ministro del Interior.
Orrego enfatizó: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión.”
En 2021, Quintela había solicitado participación en las regalías del proyecto Josemaría y, posteriormente, cuestionó la posesión de espacios emblemáticos como el Parque Provincial Ischigualasto, considerado uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos del país.
El proyecto de ley que impulsa Quintela establece la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que operará de manera permanente. Esta comisión estará compuesta por siete diputados provinciales, respetando la proporcionalidad política, y contará con miembros consultivos, entre los que se incluirán historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y expertos en minería.
El objetivo de la comisión será sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar diálogos directos con los legisladores nacionales de La Rioja en el Congreso de la Nación.
