Coatz, quien también es socio de la consultora Contexto Investments, enfatizó la importancia de crear incentivos para integrar al sector industrial en el auge de Vaca Muerta y desarrollar una política comercial estratégica que evite desvíos comerciales y dumping.
Periodista: En 2025, la economía creció, pero a la vez se destruyó empleo formal. ¿Cómo se interpreta este fenómeno?
Diego Coatz: Más que observar dos velocidades, se están configurando dos economías. Existe una economía relacionada con los recursos naturales, la minería, el sector agropecuario —que ha tenido una buena cosecha— y la energía, que actualmente está impulsando la actividad. Sin embargo, desde febrero o marzo del año pasado, sectores que históricamente han sido el motor del empleo en Argentina —como el comercio, la construcción y la industria— han comenzado a caer.
Esto ha tenido un impacto tangible: en el último año, la economía ha perdido, en promedio, entre 13.000 y 14.000 puestos de trabajo formales por mes. Este es el gran reto para Argentina. En primer lugar, necesitamos crecer más. Y luego, asegurar que ese crecimiento esté mejor integrado y genere empleo formal, especialmente si aspiramos a mantener una clase media relativamente amplia, que es algo que aún nos distingue en América Latina.
P.: ¿Existen riesgos de perder esa característica distintiva?
D.C.: Argentina conserva un gran potencial productivo en sectores como la industria, los servicios, la biotecnología y la farmacéutica, entre otros. El desafío radica en que la economía formal, que tradicionalmente representaba la mayor parte de la actividad económica, ha ido perdiendo su peso relativo.
En algún momento, representó el 90% de la economía; en 2011 estaba cerca del 70%; hoy constituye aproximadamente la mitad. En cambio, la economía informal ha ido creciendo.
P.: ¿A dónde se dirigen esos trabajadores que son desplazados de la formalidad?
D.C.: Los empleos formales perdidos en la industria o en el comercio no tienden a reubicarse en sectores con alta productividad. No se trata de que esas personas pasen a trabajar en servicios financieros o en actividades de alta tecnología.
A menudo, terminan trabajando en ferias, en la venta ambulante, en pequeños emprendimientos o en aplicaciones de bajo costo. No observamos una transición fluida hacia sectores más productivos; por el contrario, lo que ocurre es que empleos de menor calidad reemplazan a empleos de mayor calidad.
P.: ¿Cuáles son las repercusiones de esto en la agenda de desarrollo?
D.C.: Argentina se encuentra en una encrucijada. Necesitamos reactivar la industria y hacer que ciertos sectores del comercio y servicios vuelvan a crecer.
De lo contrario, nuestro destino podría ser el de un país habitual en América Latina: estable, pero sin progreso social. No alcanzaremos a ser Europa Occidental, Polonia o las naciones asiáticas que han logrado saltos significativos en productividad y desarrollo.
P.: Hay una noción que se menciona con frecuencia desde el Gobierno: la idea de que los empleos perdidos en sectores tradicionales serán absorbidos por aquellos vinculados a los recursos naturales. En términos simples, que las pérdidas de trabajo en áreas urbanas se reemplazarán en la cordillera.
D.C.: No, eso no ocurrirá de esa manera. Las cifras indican que actualmente hay más destrucción de empleo que destrucción creativa. No implica que los recursos naturales no representen una gran oportunidad, pero para que generen más empleo, es crucial desarrollar una red de proveedores y servicios con valor agregado.
P.: ¿Podríamos haber exigido más en términos de proveedores locales o transferencia tecnológica en el RIGI?
D.C.: El RIGI es una medida necesaria que aborda problemas de financiación y competitividad. Se exigió un 20% de componentes locales, aunque podría haber sido mayor y haber incorporado más incentivos para la transferencia tecnológica y la investigación y desarrollo. Ahora el reto es apoyar a los proveedores nacionales.
P.: ¿Y cómo se puede lograr esto?
D.C.: Argentina cuenta con una base significativa de proveedores industriales. El desafío consiste en acelerar su crecimiento. Existen ejemplos exitosos en Noruega y Australia que combinan financiación, transferencia tecnológica y coordinación público-privada para desarrollar proveedores en torno a los sectores de energía y minería. Debemos implementar políticas que fomenten el desarrollo de nuestros recursos naturales, tanto a aguas arriba como a aguas abajo.
P.: El exdirector de la CEPAL, Mario Cimoli, afirmó que no hay experiencia de desarrollo sin política industrial. ¿Estás de acuerdo?
D.C.: En Argentina se ha creado un consenso en torno a la estabilidad macroeconómica. Tras años de alta inflación, crisis recurrentes, controles de cambio, brechas cambiarias y problemas para acumular reservas, hay un acuerdo bastante sólido en que la estabilidad es una condición necesaria. Sin embargo, la estabilidad por sí sola no impulsa el desarrollo. Ese consenso necesita también incluir una agenda de crecimiento. La trampa latinoamericana radica precisamente en estabilizar, reducir la inflación y ordenar las cuentas sin lograr aumentos sostenidos en productividad y crecimiento económico. Aquí surge una segunda discusión, que considero fundamental: la necesidad de alcanzar un consenso productivo.
P.: ¿Qué aspectos incluirías en ese consenso?
D.C.: Primero, crecimiento. Argentina debe volver a crecer, integrando todos los sectores, sin profundizar las brechas entre actividades. La construcción, la industria y el comercio deben crecer, pero también los servicios y los sectores relacionados con los recursos naturales. Para ello, es necesario implementar medidas que impulsen la actividad: recuperar el crédito e incentivar el consumo formal.
En segundo lugar, inversión. La estructura tributaria debe promover la creación de valor y recompensar a quienes desarrollan capacidades locales, invierten en I+D o apuestan por la formación de talento. Además, esto debería complementarse con incentivos en el mercado de capitales, promoviendo instrumentos que canalicen el ahorro hacia empresas productivas y pymes.
Por último, infraestructura. El sector privado juega un papel clave, pero el Estado también tiene una responsabilidad. Es esencial asegurar financiación y garantías a través de organismos internacionales como la CAF o el Banco Mundial para desarrollar la infraestructura que el país necesita. Incluso sectores dinámicos como la minería requieren inversiones que exceden a cada proyecto individual y demandan una coordinación más amplia.
P.: ¿Agregarías una perspectiva sobre la integración internacional?
D.C.: Sin duda. Es crucial comprender el mundo en el que competimos. En la actualidad, las empresas no solo compiten entre sí, sino también frente a Estados que subsidian, financian y protegen sectores estratégicos. La situación global es compleja. Cerca del 22% de las ganancias de las 500 principales industrias globales proviene de apoyos estatales, como exenciones fiscales, créditos o transferencias tecnológicas. En muchas industrias chinas, esa asistencia supera el 50%. Este es el contexto en el que opera la producción mundial. Si Argentina no comprende este entorno y no desarrolla una estrategia inteligente para integrarse, corre el riesgo de perder capacidades productivas que le han tomado décadas construir.
P.: ¿Por qué no se ha discutido seriamente este tema hasta ahora?
D.C.: Porque en un clima de tal volatilidad e incertidumbre, la coyuntura tiende a valorar más que la estrategia. Esta situación se ha agudizado en los últimos diez años en Argentina. Tanto los dirigentes políticos como los empresarios y los sindicatos se han visto atrapados en una mentalidad defensiva, centrada en proteger lo que tienen en lugar de pensar en cómo ampliar la economía. Este enfoque ha relegado discusiones fundamentales sobre crecimiento, productividad y generación de riqueza.
P.: ¿El Gobierno está siendo ingenuo en la gestión del comercio?
D.C.: Yo separaría del debate el término ‘administración del comercio’, ya que se asocia a una etapa particular de la historia argentina. Este concepto, tal como se entendía en el pasado, a menudo funcionaba como un mecanismo para compensar problemas macroeconómicos: brechas cambiarias, falta de reservas, múltiples tipos de cambio o restricciones externas.
Al estabilizar la economía, la discusión debe enfocarse en establecer una política comercial inteligente, pues todos los países lo hacen. Los aranceles han recuperado protagonismo, sumándose a las barreras sanitarias, fitosanitarias y técnicas, así como a normas de calidad, requisitos ambientales y mecanismos de defensa comercial. Estados Unidos, Europa y China emplean instrumentos para proteger sus intereses productivos.
P.: ¿Y qué debería hacer Argentina?
D.C.: Es indiscutible que necesitamos exportar más. Debemos mejorar nuestra calidad, productividad y competitividad. Al mismo tiempo, es esencial entender el contexto internacional en el que competimos. En Argentina, hay sectores donde el contrabando se convierte en un desafío evidente, como en alimentos, bebidas, tabacos y electrónica.
No estamos hablando solo de personas que recurren al contrabando por necesidad, sino de estructuras organizadas que operan al margen del sistema tributario y regulatorio. También ingresan productos a precios de dumping o con subfacturación. Necesitamos una Aduana que no impida todo, pero que controle el contrabando, establezca valores de referencia y aplique políticas antidumping cuando sea necesario.
