La apertura de propuestas, que había sido reprogramada a fines de agosto debido a las solicitudes de prórroga de algunas empresas para completar la documentación necesaria, busca incrementar la participación y competencia en el proceso, según explicaron fuentes oficiales.
Este martes 15, a las 10, se conocerán las primeras propuestas de los interesados en adquirir el 90% de las acciones de Aysa.
La licitación se realiza bajo un esquema de “etapa múltiple”. En esta primera fase, se evaluará si las ofertas cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros establecidos en el pliego de bases y condiciones. Posteriormente, en la segunda etapa, se revisarán exclusivamente las ofertas económicas para determinar cuál es la más conveniente.
El Gobierno ya había aprobado en abril los contratos de concesión por 30 años y el esquema de transferencia de acciones, que prevé además la posibilidad de prorrogar la concesión por hasta 10 años adicionales.
Este proceso implicará la transferencia del 51% de las acciones del Estado en Aysa, que es la empresa encargada de proveer agua potable y servicios cloacales a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
En una segunda fase, se llevará a cabo una oferta pública inicial para colocar el 39% de las acciones en el mercado de valores, mientras que el 10% restante quedará en manos de los empleados.
El pliego de la licitación detalla una serie de requisitos técnicos, financieros y patrimoniales obligatorios para los oferentes. Uno de los aspectos más destacados es la experiencia del operador técnico, que debe demostrar al menos cinco años de trayectoria en los últimos diez en la gestión de empresas dedicadas a la prestación de servicios de agua potable y recolección de desagües cloacales, además de corresponder a un área urbana con un mínimo de 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios atendidos.
En el ámbito financiero, los postulantes deberán exhibir experiencia o capacidad para estructurar, obtener o participar en financiamientos vinculados a proyectos de infraestructura o servicios públicos equivalentes a Aysa, con un volumen acumulado de al menos US$150 millones en la última década.
Además, se exigirá un patrimonio neto consolidado mínimo de US$300 millones para los interesados, mientras que los fondos de capital privado, consorcios u otras estructuras de gestión plural deberán contar con activos bajo gestión de al menos US$1.000 millones.
El propósito del Gobierno es que este proceso facilite la transferencia de las acciones de Aysa al sector privado y concrete una de las privatizaciones previstas en la Ley de Bases de 2024.
