Para el próximo Ejercicio Fiscal, la propuesta del Poder Ejecutivo destina $14.812.948 millones (equivalente a $14,8 billones) a esta partida, posicionándola como la tercera en términos de recursos del Estado nacional, solo superada por los locales destinados al pago de la deuda pública y al Ministerio de Capital Humano.
El significativo aumento del 162,3% nominal con respecto a la ejecución proyectada para 2026 ha llamado la atención de especialistas. “No es común”, comentaron fuentes consultadas.
Con esta estimación, se supera tanto la proyección oficial de inflación del 18% anual como el crecimiento esperado en el gasto total de la Administración Nacional.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) señala que alrededor del 48% del total asignado ($6,01 billones) se destina a transferencias directas a empresas públicas y organismos descentralizados: $2,51 billones para Salud, $2,07 billones para Transporte y $1,43 billones para Energía.
El economista jefe de Empiria, Nicolás Gadano, mencionó que “Hacienda prefiere mantener el control sobre esas transferencias y su ejecución a lo largo del año, en lugar de delegarlas a los ministerios y secretarías correspondientes”.
El 52% restante de la Jurisdicción 91 se concentra en el Programa 99, calificado como “Otras Asistencias Financieras”. Este fondo suma $7,67 billones, lo que implica un aumento nominal del 194% en comparación con 2026. Es decir, se ha triplicado la proyección del año que viene en relación al monto disponible este año.
“Los créditos del Programa 99 se utilizan para cubrir diversas partidas presupuestarias a lo largo del año. Se asignan a otros programas que lo necesiten y, en general, no tienen ejecución”, explicaron en ASAP al respecto.
Gadano, por su parte, destacó: “Hacienda, como es habitual pero esta vez con montos muy elevados, se reserva fondos para realizar un uso discrecional en un contexto de un Presupuesto bastante ajustado para muchos ítems. Mantienen montos para ir asignando durante la ejecución, lo cual no es una práctica recomendable”.
“$1,5 billones están presupuestados en ‘Gastos en Personal’ (en una jurisdicción sin empleados), y casi $6 billones en ‘Transferencias al Sector Privado’”, detalló el economista.
“Lo cierto es que esos fondos no serán utilizados en la Jurisdicción 91. Constituyen una reserva presupuestaria, un ‘canuto’, que Hacienda mantiene para la ejecución del Presupuesto”.
Asimismo, el exjefe de Gabinete de Asesores en Hacienda advirtió que si la Secretaría decidiera no incluir esos $7,6 billones en el gasto total de la Administración Nacional, el superávit primario previsto para 2027 aumentaría 0,5 puntos, pasando del 1,3% al 1,8% del PBI.
El artículo 38 del proyecto, que regula el financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad y pensiones no contributivas por invalidez, establece que si los créditos de Salud resultan insuficientes, “se atenderá el exceso mediante una compensación presupuestaria, afectando los créditos presupuestarios previstos en la Jurisdicción 91 ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’, Programa 99”.
Desde la consultora EcoGo, al ser consultados, señalaron que “es un recurso presupuestario para manejar gastos con cierta flexibilidad, que ya se ha utilizado en el pasado. Otros solían minimizar las cifras del Presupuesto”.
“Es tradición utilizar esta jurisdicción y ese programa para mantener la flexibilidad. Con el tiempo, ha crecido considerablemente”, argumentó Gadano.
Aun así, aunque se resalta el aumento del 162,3% nominal para la Jurisdicción 91 respecto a la proyección de ejecución de 2026, si se realiza una comparación “base a base” entre el presupuesto inicial aprobado de 2026 ($12,4 billones) y el propuesto para 2027 ($14,8 billones), el incremento de la partida resulta del 19% nominal, en línea con la expectativa de inflación del 18% anual.
Se intentó obtener comentarios de fuentes del Ministerio de Economía, pero no se recibió respuesta al momento de la publicación.
