Con la nueva normativa, se deja sin efecto la Resolución Conjunta N° 99/01 y N° 810/01, que obligaba al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a conformar grupos de trabajo permanentes con organismos descentralizados, como el INASE, SENASA e INTA, para establecer criterios sobre la patentabilidad de materia viva y sustancias naturales.
La resolución indica que el esquema anterior generaba “rigideces en el mecanismo de actualización de las Directrices sobre Patentamiento, dificultando la modificación de los criterios técnicos en función de los avances científicos, tecnológicos y jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional”.
Además, se subraya que “la introducción de una instancia adicional de validación administrativa, ajena al organismo técnico competente, contribuyó a tornar más complejo y burocrático el proceso de definición y actualización de los criterios de patentabilidad”.
El Gobierno sostiene que la normativa de 2001 no era necesaria, dado que el objetivo de producir directrices técnicas ya se logró en su totalidad en 2003. También se destaca que la Ley de Patentes confiere al INPI la facultad para emitir, elaborar y actualizar sus propias directivas de funcionamiento y examen técnico.
Con este cambio, se busca “fortalecer la capacidad institucional” del INPI con el fin de “establecer directrices técnicas flexibles, más fácilmente actualizables y alineadas con las mejores prácticas internacionales, favoreciendo un entorno normativo más eficiente y previsible para los solicitantes y titulares de patentes”.
La resolución, firmada por los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como de Coordinación de Producción, entró en vigencia de inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial.
