Federico De Cristo, docente de Economía y Finanzas en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, sede Pilar, expuso que “el contrato determina las condiciones para la precancelación total o parcial del capital adeudado y no todos los préstamos permiten la precancelación anticipada o establecen un período mínimo antes de poder realizarla”. Por este motivo, aconsejó revisar las condiciones acordadas con la entidad financiera y subrayó la importancia de “verificar si existen costos o multas” antes de tomar una decisión.
Un análisis de los reglamentos y la información disponible de cada banco pone en evidencia las diferencias existentes.
El Banco Nación impone una comisión del 4% más IVA sobre la suma a cancelar, ya sean cancelaciones totales o parciales, siempre que se realice antes de haber transcurrido un cuarto del plazo original del crédito o 180 días desde su otorgamiento, considerando la opción que sea mayor. Una vez superado este umbral, la precancelación se realiza sin cargo alguno, de acuerdo a la regulación interna N°800 del banco.
BBVA también aplica una comisión del 4% más IVA sobre el monto a precancelar si no ha transcurrido al menos un cuarto del plazo original o 180 días desde el otorgamiento, conforme a lo informado por la entidad. Pasado este periodo, la cancelación anticipada no genera costo adicional.
Santander, ICBC y Comafi adoptan un enfoque similar, cobrando un 3% más IVA sobre el saldo o la suma a precancelar si la operación se realiza antes de completar el 25% del plazo acordado o antes de los 180 días desde el desembolso. En Comafi, la comisión por cancelaciones parciales se aplica durante la duración del préstamo, mientras que para las cancelaciones totales solo se cobra en ese primer tramo.
Patagonia y Macro ofrecen las tarifas más bajas entre las entidades analizadas. Patagonia impone un 2% más IVA sobre el capital a cancelar únicamente si no ha pasado la cuarta parte del plazo original, mientras que Macro aplica un 2% más IVA tanto en cancelaciones totales como parciales, sin distinción de un plazo mínimo.
Banco Ciudad permite hacer cancelaciones parciales y totales sin especificar una comisión fija en su comunicación pública, aunque menciona que no cobra costos en las cancelaciones totales una vez transcurrido el 25% del plazo inicial o 180 días desde el otorgamiento. Para las cancelaciones parciales, establece un monto mínimo equivalente a una cuota, y el cliente tiene la opción de reducir el plazo del crédito o el importe de la cuota.
Galicia facilita la cancelación parcial o total bajo solicitud en sucursal, aplicando una comisión del 4% más IVA sobre el capital cancelado. En cuanto a la cancelación total, este cargo se aplica si no ha transcurrido el 25% del plazo original o 180 días desde el otorgamiento, lo que ocurra más tarde. Para las cancelaciones parciales, la comisión del 4% más IVA se aplica sin excepción de plazo.
De Cristo explicó las razones detrás de estas cláusulas de plazo mínimo. “Muchos bancos establecieron plazos mínimos de tiempo entre el otorgamiento del crédito y la posibilidad de comenzar a precancelarlo”, aseguró, añadiendo que esta restricción busca evitar el arbitraje cambiario. “Esto lo implementaron para prevenir operaciones especulativas. Me guardo los dólares porque ‘está muy barato’ y mientras tanto tomo un crédito UVA para adquirir la vivienda, pero tan pronto como sube el dólar, precancelo todo con mis ahorros y obtengo una diferencia cambiaria”, ilustró.
El economista destacó que estas condiciones no son uniformes ni permanentes. “Dependen de cada contrato y del momento en que se solicitó el crédito”, aclaró, por lo que es posible que dos personas con créditos UVA en la misma entidad, pero tomados en años diferentes, enfrenten distintas condiciones de precancelación. Por esta razón, su recomendación es concreta: “hay que consultar en cada banco las condiciones del contrato, ya que son situaciones variables para cada cliente”.
La sugerencia más reiterada por los especialistas es solicitar al banco una liquidación detallada de la cancelación total o parcial en pesos, algo que las entidades están obligadas a proporcionar sin costo, para determinar con exactitud cuánto capital, interés y comisión se deben abonar antes de utilizar el beneficio del aguinaldo.
